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La cárcel vieja, situada en la avenida Primo de Rivera y cerrada desde hace décadas, pasará a ser propiedad municipal gracias a un intercambio con la Agencia Tributaria. El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el Plan Especial para ceder una parcela para la construcción de la nueva sede de Hacienda en Murcia y a cambio quedarse con el antiguo inmueble penitenciario. No está claro el uso que el Ayuntamiento dará a la cárcel pero fuentes municipales señalaron que el fin podría ser cultural.

El consistorio municipal ha llegado a este acuerdo después de numerosas negociaciones ya que la Agencia Tributaria perseguía ubicar en la antigua cárcel las nuevas dependencias de Hacienda.

La gerencia de Urbanismo se encuentra realizando el proyecto para la nueva sede en una parcela de 3.300 metros cuadrados entre Juan Carlos I y Juan de Borbón, que reunificará los servicios que ahora se encuentran dispersos en cinco dependencias diferentes.

Por otra parte, el Pleno aprobó una moción del alcalde para instar al Gobierno a que "no discrimine a Murcia" e incorpore el corredor de alta velocidad hasta Madrid y a lo largo del Mediterráneo. María José Alarcón, portavoz del Grupo Socialista, señaló que "el AVE llegará a Murcia" y lo hará por un trazado "aprobado por Valcárcel y Álvarez-Cascos cuando el PP estaba en el Gobierno". También se dio el visto bueno a la adhesión a la plataforma Todos contra el Canon y una moción para seguir trabajando por la igualdad de género.

El Grupo Popular rechazó una moción de los socialistas para que se cree una Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, se elabore un reglamento para su funcionamiento y una campaña para darla a conocer. La presidenta de la actual Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y concejala de Juventud y Empleo, Lola Sánchez, defendió su oposición "porque la comisión se conoce y funciona", a lo que la socialista María Dolores Abellón espetó que nadie conoce una Comisión que "se ha reunido dos veces y ha tratado cinco reclamaciones en dos años", mientras el Ayuntamiento acumula 500 denuncias ciudadanas en un año.