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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, sostiene en su Exposición Razonada, remitida al Tribunal Superior de Justicia como resumen de su investigación, que "hay prueba al menos indiciaria de que el actual alcalde [Juan Martínez Andreo], no sólo era perfectamente consciente de que existía ese acuerdo entre Morales y otras personas para el cobro de la comisión de 3,6 millones de euros, pues ya lo tenía que saber siendo concejal de Obras Públicas, y además así se lo confirma a Emiliano Ovide en la reunión que han tenido en el Parador de Albacete cuando Andreo aspiraba a ser alcalde, sino que también ha querido cobrar él mismo toda o parte de la misma comisión cuando, según el propio Emiliano, así trascendió en la citada reunión".

Basándose en las diligencias judiciales de la Operación Tótem, la juez ofrece más datos al respecto y señala, asimismo, que "existe además una conversación telefónica de Martínez Andreo con Juan Francisco Casanova -uno de sus concejales-, en la que hablan de quedar con Pablo Maceira como representante de los "gallegos", y que se van a repartir "algo" sólo entre ellos dos, que no se lo deben comunicar a nadie, ni siquiera a sus propias mujeres, y que debe quedar claro a los "gallegos" que Morales "debe quedar fuera, desmarcarse total de él".

María Asunción Navarro también hace constar que, en sus declaraciones, Martínez Andreo y Casanova no pudieron "dar una explicación coherente al contenido de tal conversación, cayendo ambos en contradicciones que demuestran que ocultan la realidad de su contenido, por lo que es perfectamente posible que ya hayan "solicitado" o "aceptado" el cobro de la comisión ilegal".

José Martínez Andreo afirma que "no he cobrado, no pensaba hacerlo, ni lo haré", en referencia a las comisiones de la supuesta trama de corrupción urbanística investigada en su municipio.

Martínez Andreo, que ha asistido a la inauguración del Sicarm 08, señala que la información que "deduce y pone en boca" de la juez Navarro, referente a su persona, es "rotundamente falso", y pide que se levante el secreto del sumario para poder defenderse.

El alcalde de Totana, que a consecuencia de su imputación en esta supuesta trama pasó dos meses en la cárcel hasta que pagó una fianza de 70.000 euros, afirma seguir confiando en la Justicia y pidió que "esto -en referencia a la publicación de las diligencias- no sea un cuentagotas para hacerme daño y erosionarme políticamente". Pide profesionalidad a la hora de trabajar, y ante la pregunta de si pensaba dejar la alcaldía, reiteró su presunción de inocencia.

Por contra, señala como "novedad importante" y califica de "fidedigna" la información publicada por este periódico sobre el origen de la denuncia. "Quien ha propiciado [la causa] es el PSOE de Totana y su secretario general, Alfonso Martínez Baños, que además se ha prestado a hacer grabaciones a terceros, como ya dije en alguna ocasión y hoy se ha hecho realidad".