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Uno de los más importantes acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia de Urbanismo en su última reunión es la aprobación definitiva de una modificación del Plan General Municipal de Ordenación que afecta a la denominada unidad de actuación 71 y que está situada entre las calles Martín Morata, Camino de Marín y la vía férrea.

Según explicó ayer el edil de Urbanismo, Francisco García, «está modificación responde a la necesidad de adaptación de dicha unidad de actuación a las exigencias derivadas de la necesidad de contemplar un paso inferior del ferrocarril, precisamente por el centro de la parcela, y que se recoge en el estudio informativo del proyecto de corredor mediterráneo de alta velocidad».

Para García «el objeto de la modificación aprobada es compatibilizar el trazad y ese paso inferior con las determinaciones urbanísticas reflejadas en el Plan General, reorganizando los volúmenes, respetando y manteniendo las zonas verdes y posibilitando una trama urbana más abierta y ligera en planta baja, incrementando la altura y conservando la edificabilidad».

A cada uno de los extremos de la parcela modificada existen actualmente sendos pasos a nivel que se supone serían sustituidos por el paso subterráneo en el caso de que el anunciado soterramiento de la vía férrea a su paso por la ciudad no cubriera toda la longitud de lo que ahora es el casco urbano.

El concejal también informó que cuando esta unidad de actuación se desarrolle el Ayuntamiento obtendrá la cesión de 3.295 metros cuadrados de zonas verdes y otros 3.652 destinados a viales y aparcamientos.

El grupo municipal de IU presentará en el Pleno del lunes una moción en la que pide que se realice un inventario sobre el número de infracciones urbanísticas detectadas en los últimos cinco años, los expedientes sancionadores incoados, las sanciones impuestas y ejecutadas y las que han prescrito sin llegar a ser cobradas.

Lo anunció ayer el portavoz de dicho grupo, José García Murcia, que dijo que su propuesta trata de perseguir la «indisciplina urbanística que es un indicador relevante de la eficacia de un gobierno local en lo relacionado con la ordenación del territorio». Señaló el edil que la caducidad y prescripción de infracciones y sanciones urbanísticas es «el mejor caldo de cultivo para la indisciplina de los administrados».

García Murcia dice que los partidos en la oposición y la opinión pública desconocen los rendimientos de la aplicación de la disciplina urbanística y su eficacia, y solicitó que la competencia para imponer multas pase a ser potestativa del consejo de la Gerencia de Urbanismo en el que participan todos los grupos políticos.