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Como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. El ex alcalde de Totana y actual diputado regional Juan Morales, imputado por varios delitos en la denominada Operación Tótem, utilizó supuestamente a su mujer, María del Carmen Jordán, para suscribir contratos millonarios con sociedades que pretendían obtener recalificaciones urbanísticas en Totana. Así lo sospechan la Fiscalía y el magistrado instructor de las diligencias, Julián Pérez Templado, que tienen en su poder dos contratos presuntamente suscritos entre María del Carmen Jordán, que habría actuado como testaferro de su marido, Juan Morales, y empresas con intereses urbanísticos en Totana.

La teoría que tratan de demostrar el fiscal jefe, Manuel López Bernal, y el magistrado Julián Pérez Templado es que Morales, en el año 2005, siendo todavía alcalde de Totana y siendo por tanto el último responsable municipal en materia de urbanismo, habría solicitado comisiones millonarias a promotoras que pretendían sacar adelante proyectos en su localidad.

Para asegurarse esos pagos sin figurar como perceptor, Morales habría utilizado a su entonces mujer -hoy están separados de hecho, pero no legalmente-, María del Carmen Jordán, para que figurase como firmante de los contratos con esas sociedades que tenían intereses urbanísticos.

María del Carmen Jordán, que ha sido citada a declarar como imputada ante el magistrado instructor del TSJ, fue interrogada respecto de dos de esos contratos, que al parecer fueron intervenidos durante el registro que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron en una asesoría que figuraba a nombre de esta mujer.

Jordán siempre ha mantenido ante el juzgado que el verdadero dueño y gestor de ese negocio era su marido, Juan Morales, y que ella no tenía conocimiento de lo que allí se tramitaba, pues se limitaba a figurar como administradora.

Respecto a los dos contratos exhibidos, la mujer admitió que la firma "se parece mucho a la mía", pero aseguró no poder determinar si realmente era suya. Jordán insistió en que no recordaba haber suscrito esos documentos y, según fuentes próximas al caso, insistió en que todos los días ponía su firma en documentos cuyo contenido desconocía.

Los citados contratos establecían que la mujer de Morales recibiría entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de los beneficios netos que generase la operación urbanística, siempre según fuentes próximas a la investigación. Ese porcentaje habría dado lugar a pagos millonarios.

Las investigaciones siguen centrándose así en tratar de esclarecer si María del Carmen Jordán actuó como testaferro de su entonces esposo, para recibir las comisiones que éste habría pactado presuntamente con promotoras, y si actuaba de esa forma siendo consciente de cuál era su papel.

A la mujer, que acudió acompañada de su letrado, Evaristo Llanos Sola, se le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.