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El Gobierno murciano y el Ministerio de Medio Ambiente viven un nuevo episodio de su largo enfrentamiento por el agua. Esta vez debido a las obras para construir los canales de la desalinizadora de Escombreras que promueve el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, y que no tienen el permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura para atravesar dos puntos: uno en la rambla del Albujón de Cartagena y el otro en el acueducto del Trasvase Tajo-Segura. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, asegura que la Confederación no es leal porque niega la autorización.

El presidente del organismo de cuenca, por su parte, sostiene que el Gobierno de Valcárcel no ha solicitado ninguna autorización para atravesar estas dos zonas de dominio público hidráulico y que la desalinizadora "es alegal".

Esta situación se produce cuando han saltado todas las alarmas en la Región de Murcia por la falta de recursos para atender la demanda de agua de la población el próximo verano, debido al crack que sufre la cabecera del Tajo. Amalio Garrido, gerente del Ente Público del Agua, organismo dependiente de la Consejería, denuncia "el bloqueo institucional" que sufren las obras por parte de la Confederación, "que no quiere que el Gobierno murciano produzca su propia agua desalinizada". "Es lamentable que esto ocurra cuando más falta hace el agua", indica.

A nivel técnico y político existe una competencia entre las desalinizadoras del Ministerio de Cristina Narbona y la que trata de sacar adelante el Gobierno murciano del PP, que piensa ofrecerla más barata a los ayuntamientos. La iniciativa autonómica, no obstante, es mucho más modesta y hay dudas sobre el precio final. Sin embargo, el presidente Valcárcel trata de hacer valer ante el Gobierno de Rodríguez Zapatero que el desarrollo de Murcia no se verá limitado ni condicionado por la política hídrica del Ministerio.

Las obras consisten en 60 kilómetros de canalizaciones para distribuir entre unos 20 ayuntamientos la producción de la planta de Escombreras, que alcanzará en una primera fase los 22 hectómetros cúbicos anuales. Estas obras deben atravesar dos zonas bajo gobierno de la Confederación Hidrográfica. Los tubos, de un metro de diámetro, han llegado hasta los bordes de la rambla y del canal Tajo-Segura, y ahí se han quedado de momento, según Amalio Garrido.

El gerente explica que la solicitud para atravesar los 80 metros que distancia que faltan se presentó el año pasado a la Confederación, y que desde entonces no han obtenido respuesta. Entre medias hubo una petición de información técnica adicional por parte del organismo de cuenca. Desde hace más de un año, según Garrido, sólo hay silencio administrativo, que según la legislación debe interpretarse como una negativa.

El Ente Público del Agua se encuentra con las manos atadas y no sabe si va a tirar hacia delante por la bravas, acogiéndose a las competencias que le confiere el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. "Nos da igual construir una canalización subterránea o un paso aéreo. Pintarlo de verde o de rojo. Sólo queremos que la Confederación nos dé el permiso para cruzar", añade Garrido. "Se están quejando amargamente de que hay dificultades para abastecer a la población este verano, y sin embargo nos niegan la autorización pese a que cumplimos todos los requisitos. Tampoco pueden sostener que el Gobierno valenciano boicotee la desalinizadora de Torrevieja, cuando son ellos los que ponen obstáculos en otra parte".

El consejero de Agricultura y Agua añade por su parte que el Ministerio no hace gala "de la lealtad institucional y de la cooperación entre administraciones. Ellos nos han pedido permiso para construir una línea eléctrica que pasa por terrenos de la consejería y se lo hemos dado, como otras muchas autorizaciones. Esa lealtad debe ser recíproca".

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura la versión es distinta, ya que su presidente, José Salvador Fuentes Zorita, y el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, sostienen que el Ente Público del Agua no ha solicitado permiso para atravesar la rambla y el canal del Trasvase. "Se niegan a reconocer la autoridad de la Confederación sobre el dominio público hidráulico. Tampoco pidieron autorización para la desalinizadora de Escombreras", apuntan.