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Los casos de presunta corrupción urbanística que están sacudiendo la vida política de varios municipios de la Región de Murcia pueden acabar archivados en un cajón y los imputados yéndose de rositas. Éste es el riesgo que corren los numerosos expedientes que instruye la Fiscalía de la Comunidad Autónoma si el Estado no dota a los fiscales de más medios policiales especializados para investigar y perseguir estos delitos. Así lo denuncia en la Asamblea Regional el fiscal superior, Manuel López Bernal, quien reclama más agentes especializados para que los delitos no prescriban.

En los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Cieza los ya de por sí escasos fiscales van "desbordados de trabajo desde hace años" y, según dice López Bernal, los delitos que persiguen pueden acabar prescribiendo si las causas se "estancan" en los tribunales por falta de avances en la investigación.

Cuando trasladan un asunto a un juez o tribunal, los representantes del Ministerio Público tienen seis meses para decidir si interponen una denuncia o querella. Si no lo hacen, el asunto se archiva con lo que eso supone de pérdida de esfuerzo y el riesgo de que los delitos queden sin castigo.

Antes de comparecer en la Comisión de Seguridad y Justicia, el fiscal jefe explicó que su departamento tiene en Murcia dos delegados de la Fiscalía General del Estado encargados de este tipo de asuntos: un fiscal de delitos urbanísticos y medio ambiente -"que suelen estar relacionados", apuntó- y un fiscal de sala delegado. El trabajo de ambos se está viendo afectado por la falta de medios policiales. ¿Resultado? "Hay retrasos en las investigaciones que pueden ser preocupantes", advirtió el responsable de la Fiscalía.

López Bernal da a entender que esa preocupación se extiende no sólo a los casos de los que ya se ocupan los tribunales (como las presuntas tramas de corrupción urbanística en el ayuntamiento socialista de Los Alcázares y en los de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Águilas y Totana, gobernados por el PP).

También afectaría a las nuevas investigaciones por presunta corrupción urbanística que, según confirmó el fiscal tras la rueda de prensa, están siendo indagados en "otros municipios". Prudente, el fiscal no revela los nombres de los municipios ni los asuntos investigados.

En todo caso, López Bernal sí llama a las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía en general a "no dudar" de la independencia y del trabajo de la Fiscalía, "que se está desarrollando de una manera total y absolutamente correcta". Recuerda que "de las denuncias y querellas investigadas por la Fiscalía y remitidas a los jueces no ha sido rechazada ni una sola", aunque luego las archiven. "Incluso se han desarchivado recientemente dos causas".

Uno de los expedientes que la Fiscalía ha retomado es el de la compraventa de la finca Lo Poyo, en Cartagena. La denuncia del PSOE que afectaba al Ayuntamiento por el expediente de recalificación fue archivada, pero el juez que investiga en Marbella el caso Malaya ha remitido al Juzgado de Instrucción 2 de a Cartagena una pieza separada. Juez y Fiscalía investigan la compraventa de terrenos en el saladar de Lo Poyo por 213 millones de euros aunque no se podía construir.

Y la Fiscalía sigue con el caso Novo Carthago, también en Cartagena. Indaga posibles delitos en la tramitación urbanística y la recalificación del suelo para que Hansa Urbana construya 7.000 viviendas, hoteles y un campo de golf cerca de Lo Poyo, en la zona del Mar Menor. "Si hay indicios suficientes de delito", habrá denuncia o querella y tomarán nuevas declaraciones", dice el fiscal superior.