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El Consejo Económico y Social ha abierto una brecha a favor de los miles de propietarios de terrenos catalogados como LIC y ZEPA, y que no pueden obtener significativos beneficios económicos de sus propiedades debido al nivel de protección que poseen y que los convierte en no urbanizables. Aprovechando las herramientas que ofrece el Plan de Gestión y la normativa actual, propone que sean compensados.

La mayor parte de las 22.195 hectáreas de la ZEPA de la Sierra de La Almenara, Moreras y Cabo Cope es propiedad privada. Un 10 por ciento está dedicada a la agricultura tradicional, que se considera "absolutamente imprescindible para salvaguardar la integridad de la ZEPA" por su elevado valor ecológico, territorial y funcional. Sobre esta base, el CES considera "imprescindible" que los propietario que mantienen valores asociados a la actividad agraria tradicional extensiva "obtengan ayudas o contraprestaciones por los servicios y bienes que aportan a la sociedad". Cree que en esta relación debe incluirse a los dueños de terrenos forestales.

Abunda en este sentido en que "la necesidad de compensar a los propietarios afectados, especialmente aquellos cuyas actividades económicas participan o son necesarias para la conservación de los espacios ha sido señalada por el propio CES en un dictamen anterior sobre la Estrategia Forestal en la Región de Murcia". Se trata de que no recaiga exclusivamente sobre los propietarios la tarea de mantener en condiciones la superficie forestal y que la Administración contribuya, incluso asumiendo gastos.

Uno de los principales reproches que hace el CES a la Administración regional es la tardanza en sacar adelante este primer Plan de Gestión, que tenía de plazo para ser aprobado el periodo comprendido entre julio del 2002 y junio del 2004, sobre la base de un contrato suscrito con la Comisión Europea dentro del Proyecto Life. Este plan específico para la Sierra de La Almenara, Moreras y Cabo Cope contaba con una subvención de 834.924 euros, y uno de sus objetivos específicos era aprobar el Plan de Gestión, que tenía consignados 77.354 euros.

Otro reproche apunta a que se debió contar con la opinión de los sindicatos y de las patronales CROEM y CECLOR . Se han presentado 29 alegaciones, la mayoría colectivas. El CES considera igualmente importante "la seguridad jurídica" que debe proporcionar el Plan de Gestión. "Sin su concurso es imposible conjugar las necesidades del desarrollo sostenible y del desarrollo socioeconómico".