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No ha sido una comparecencia fácil. Ni para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ni para su abogado, José Ángel González Franco. Ambos han convocado para la una rueda de prensa, que ha resultado multitudinaria, pero que en buena parte no se ha desarrollado por los cauces que habían previsto. A saber.

El objetivo común de Martínez Andreo y de su letrado González Franco, director de uno de los despachos jurídicos con más proyección de los últimos tiempos, es incidir en un triple frente: un intento de desacreditar y restar validez a las informaciones publicadas en las dos últimas semanas sobre el sumario del caso Tótem; una exigencia de que se levante el secreto de las actuaciones que afectan al alcalde de Totana, con el fin de poder articular con garantías su defensa, y una insistente y cerrada reivindicación de la inocencia del primer edil totanero.

A este triple objetivo se encomendaron en los primeros compases de la comparecencia ante los medios de comunicación. Así, atacan con dureza lo que consideraron "filtraciones" del sumario; anunciaron una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "para que se investiguen y depuren responsabilidades en el juzgado o donde se haya producido la filtración"; apuntaron a que ha podido producirse un delito de revelación de secretos, y califican las noticias aparecidas en prensa de "categóricamente falsas, inciertas y tendenciosas".

Respecto del hecho de que todavía no esté en posesión de las diligencias judiciales, González Franco no ocultó su indignación por haberse enterado de parte del sumario a través de este periódico. "Estoy sorprendido, porque seguimos bajo secreto de sumario y la notificación -de las diligencias- no la hemos recibido en el despacho ni por los cauces oportunos; nos hemos enterado como todo el mundo, por la prensa y casi los últimos". El letrado muestra su impotencia ya que, sostiene, no disponer de lo actuado le impide "llevar a efecto la defensa técnica que pretendemos".

Por último, y por lo que se refiere a la implicación de Martínez Andreo en algún supuesto ilícito, el letrado señala que "se ha podido constatar que mi cliente no ha cobrado un duro, ni nunca lo ha pretendido"; dice que los hechos que la juez y el fiscal le imputan "no están bien imputados", y se muestra convencido de que la media docena de delitos por los que Martínez Andreo está siendo investigado "se acabarán disolviendo por completo".

Más en concreto, y respecto de la consideración de la juez instructora María Asunción Navarro de que el alcalde intentó quedarse con una comisión de 3,6 millones de euros, que su antecesor en el cargo, Juan Morales, habría pactado con un promotor gallego, el abogado González Franco calificó esa conclusión como "de carácter novelesco".

La mayor tensión se produjo cuando ha llegado el momento de los periodistas y, en un primer instante, Martínez Andreo y su letrado han hecho un intento de no responder a las preguntas más comprometedoras. La primera de ellas: si el alcalde se había reunido en el Parador de Albacete con un intermediario de la recalificación urbanística.

Después de un intenso tira y afloja, ambos se avinieron a ofrecer respuestas y dejaron algunas perlas de interés. De esta forma, Martínez Andreo confirma la citada reunión, dice que había sido para tratar de confirmar los rumores sobre la petición de dinero por parte de Juan Morales y asegura que el intermediario ni le había dado, ni le había ofrecido documentos que probasen el cohecho.

También confirma que "los rumores" sobre que Morales iba pidiendo dinero por las recalificaciones urbanísticas "las conocía media región y medio pueblo", como también la dirección del PP en Totana. Sin embargo, negó haberse aprovechado de esa circunstancia para desplazarle como candidato a la Alcaldía, ni haber alertado de esas supuestas corruptelas a la dirección regional del PP o a miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. "No era mi misión", se excusa.

Tampoco oculta su malestar por el hecho de que, en su opinión, "mis adversarios políticos estén manejando información privilegiada sobre este caso, que les llega de ámbitos de la investigación o de Fiscalía, y de la que hacen alarde, asegurando que mañana va a pasar esto o lo otro, o de que me van a inhabilitar durante año y medio".

Por último insiste en que no tiene intención alguna de dimitir, pero no por un deseo "de aferrarme al sillón", sino porque está dispuesto a "respetar lo que los totaneros votaron en las elecciones municipales". Además señala que tiene un proyecto "riguroso, participativo y transparente" para su municipio.