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El obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, ha ganado el primer round del pulso que mantiene con el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, sobre la titularidad de los bienes de la Universidad Católica (UCAM). El Consejo de Gobierno acordó ayer admitir a trámite el recurso de Reig Plá y ha paralizado cautelarmente el decreto sobre los estatutos de la UCAM hasta que resuelva sobre el fondo del asunto que enfrenta a Reig Pla y a Mendoza.

Los estatutos de la Universidad de la Iglesia fueron aprobados el pasado mes de noviembre por el Gobierno murciano, y en ellos se hacía constar que la titularidad de las propiedades de esta institución académica quedaban a nombre de la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza. Dicha fundación cuenta entre sus miembros con familiares del propio Mendoza. El obispo Reig Pla mostró su desacuerdo y recurrió a los pocos días solicitando la suspensión del decreto. El Gobierno de Ramón Luis Valcárcel vuelve así sobre sus propios pasos con el fin de reconducir la situación, que ha creado serias divergencias en el seno de la Iglesia Española por cuanto ambas posturas han reclutado en los últimos meses a sus propios partidarios. Este conflicto que navega ahora por la vía administrativa y política circula en paralelo con debate que se sigue en el Vaticano, donde también han recurrido las dos partes y que debe decidir, en el terreno eclesiástico y del derecho canónico, quién tiene razón sobre las propiedades de la Universidad Católica.

Para llegar a la decisión adoptada ayer, que fue confirmada a La Verdad por el consejero Juan Antonio de Heras, el Ejecutivo autonómico ha determinado en primer lugar que es competente para resolver el recurso del obispo Reig Pla, por lo que de momento el conflicto no llegará al Tribunal Superior de Justicia, dado que la Comunidad Autónoma no se ha inhibido a favor del alto tribunal. Ante esta instancia, no obstante, sí podría recurrir José Luis Mendoza en caso de que no esté de acuerdo con la decisión tomada ayer, lo cual enredaría más el problema. En las últimas semanas, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han recabado informes a ambas partes y dado audiencia al obispo de la Diócesis y al presidente de la Fundación San Antonio para que alegaran todo aquello que estimaran oportuno. Asimismo, se han solicitado informes a los servicios jurídicos de las consejerías de Educación y de Presidencia.

Las propiedades de la Universidad Católica se dividen entre Murcia y Cartagena. En la capital de la Región cuenta con una extensa finca cedida por el Ayuntamiento de Murcia en la pedanía de Guadalupe para la futura expansión de esta universidad. Dicha finca se tituló a nombre de la Fundación San Antonio. En cuanto al monasterio de Los Jerónimos, sede principal de la UCAM, este enclave es propiedad del Obispado y está cedido a la Universidad de por vida, mientras esta institución exista. En Cartagena, la UCAM cuenta con otras propiedades en Los Dolores, donde se levantará el nuevo campus. Las discrepancias entre Reig Pla y Mendoza nacieron antes del pasado verano, cuando el obispo supo de las intenciones de la Fundación San Antonio al elaborar los estatutos. A partir de ahí no se pusieron de acuerdo y tuvo que intervenir incluso la Conferencia Episcopal Española a través de sus servicios jurídicos, que elaboró un dictamen a petición de José Luis Mendoza y a instancias del arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela. Dicho informe daba la razón a José Luis Mendoza, basándose en el alcance e interpretación del decreto de erección de la UCAM, que otorgaba al obispo el papel de gran canciller y de salvaguarda de los valores cristianos de la institución académica. La gestión y administración quedaba en manos de la Fundación San Antonio, así como la titularidad, según dicho informe. El obispo no fue de la misma opinión, al considerar que la titularidad corresponde a la Iglesia Católica y por extensión al Obispado de Cartagena. Finalmente recurrió el decreto, una vez aprobado por el Gobierno regional, y también a Roma.