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El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el viernes instar al Gobierno foral, presidido por Miguel Sanz, a que medie entre el arzobispado de Pamplona-Tudela y los ayuntamientos afectados para que los navarros conozcan las razones por las que la Iglesia Católica ha escriturado a su nombre numerosas iglesias y edificios. La moción, presentada por PSN e IU, y aprobada con los votos a favor de los grupos de la oposición y la abstención de los dos partidos que sustentan el Gobierno, UPN y CDN, sustituyó a otra firmada por IU en la que instaba al Ejecutivo foral a iniciar "todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso de Navarra".

En su defensa, el portavoz de IUN, Ion Erro, explicó que a raíz de la supresión del artículo de la Ley Hipotecaria de 1946 que lo impedía, se han inscrito en el Registro de la Propiedad "más de mil propiedades", entre iglesias, ermitas, parroquias y cementerios, a nombre de la diócesis de Pamplona y Tudela. Erro afirmó que la Ley hipotecaria es "de la etapa franquista", por lo que existe "la sospecha de que esta ley y las inscripciones tienen algún riesgo de anticonstitucionalidad", además de considerar "más que cuestionable la ley hipotecaria que está dando el privilegio a la Iglesia Católica de inscribir edificios que salieron de la voluntad, el esfuerzo y la aportación de los vecinos de los pueblos navarros".

Por su parte, el socialista Román Felones advirtió que éste no era "un tema sencillo ni fácil, porque es muy sensible y necesita ser tratado con sosiego y prudencia", un papel que ha intentado ejercer con el pacto de esta enmienda con IU, ya que aunque "no compartimos el tenor literal" de la moción que instaba a impedir la privatización de las iglesias, "ha generado un malestar evidente" en los pueblos afectados, que "no han sido previamente informados".

A favor de la moción intervino también Maiorga Ramírez, de Nafarroa Bai, quien aseguró de "nadie pone en duda" de que los edificios ahora inscritos deban dejar de tener un uso de culto. "Sólo hablamos de un asunto relacionado con la propiedad, no del uso", por lo que lamentó la "nocturnidad y alevosía" con la que, a su entender,ha actuado la Iglesia en este asunto.

Esteban Garijo (UPN) justificó su abstención en su rechazo a "hacer planteamientos que tergiversan la realidad y confunde la realidad histórica", de forma que "esos inmuebles son en su mayoría anteriores a la existencia de entes locales". Por su parte, José Andrés Burguete (CDN) reconoció que éste es "un tema espinoso y difícil" en el que "no debe inmiscuirse el Gobierno" ya que "estas cuestiones deben dirimirse en el ámbito judicial".