Noticias Ya.com

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, fundación vinculada al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha organizado para el próximo lunes 21 de abril la mesa redonda "Derechos ciudadanos y medio ambiente" a las 20:00 h en Civican (Pío XII, 2 bis). La actividad cuenta con el apoyo de los clientes de Caja Navarra a través de la iniciativa "Tú eliges, tú decides".

En la mesa de debate, dirigida al público general y de entrada libre (previa recogida de invitaciones en Civican desde una hora antes del comienzo de la mesa), participarán Javier Enériz Olaechea, Defensor del Pueblo de Navarra; Luis Fernando Rey Huidobro, Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra y Delegado de Medio Ambiente en Navarra; y Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra.

Los ponentes se centrarán respectivamente en los derechos de la ciudadanía a la información y a la participación pública en materia de medio ambiente; las posibilidades generales de acceso del ciudadano a la justicia en el ámbito medioambiental (en la jurisdicción penal, administrativa, constitucional y civil); y los aspectos de acceso del ciudadano a la justicia administrativa que otorga el Convenio internacional de Aarhus, recogido en nuestro Derecho por la Ley de 27/ 2006, de 18 de julio de información, participación y justicia en materia de Medio Ambiente.

En el ordenamiento jurídico internacional, europeo, estatal y foral el Convenio de Aarhus, la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, de Información, participación y justicia en materia de Medio Ambiente, y la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de intervención para la Protección Ambiental constituyen el ámbito de referencia en la actualidad.

Este conjunto de normativas vienen a expresar la idea de que, para garantizar a la ciudadanía la democracia ambiental, se preciso combinar los tres pilares básicos: el de la información, el de la participación y el acceso a la justicia. Estas normativas promueven una participación más activa orientada a favorecer la implicación real de la ciudadanía.

La regulación del derecho a acceder a la justicia en materia ambiental tiene, por un lado, el fin de garantizar la tutela judicial en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública, y por otro, el de garantizar el acceso para impugnar acciones y omisiones, bien de la administración, bien de cualquier particular, que vulneren la legislación ambiental.