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En lugar de pasar seis meses de libertad vigilada, ocupan tardes y tardes acompañando a ancianos. Aceptan colaborar con Cáritas, organizar lotes en el Banco de Alimentos o ayudar al baño asistido en las playas a personas con discapacidad como alternativa a cumplir fines de semana en un centro de internamiento. Otras veces les toca limpiar las pintadas que ellos mismos hicieron en la calle... Cuatro de cada diez medidas judiciales a menores infractores que se decretan en Gipuzkoa llevan aparejadas el cumplimiento de la pena mediante prestaciones en beneficio de la comunidad. Se trata de medidas alternativas a las penas tradicionales que persiguen que el menor "reconozca el mal causado, lo repare y entienda que es capaz de proporcionar bienestar al ayudar a otras personas".

Y da resultado. Según los datos del Servicio de Justicia Juvenil, enclavado en la dirección de Ejecución de Penal del Departamento vasco de Justicia, el 82 por ciento de los menores guipuzcoanos que cumplen su pena realizando prestaciones en beneficio de la comunidad -acompañando ancianos, colaborando con Cruz Roja o DYA...-, pasados tres años, no reincide. "Un menor que ha pasado por un programa de prestaciones para la comunidad en su inmensa mayoría no vuelve a tener más problemas. Ni siquiera de adulto", aseguran fuentes del servicio de Justicia Juvenil. En opinión de Edurne Uranga, titular del juzgado de menores de Gipuzkoa, "estos programas dan resultado y con ellos el menor repara simbólicamente el daño que ha causado con la infracción que se le imputa".

La jueza va más allá. "Es satisfactorio ver que los servicios que trabajan con estos chavales reconocen que la experiencia ha sido buena. Incluso, hay algunos que se interesan en poder continuar en esas actividades de ayuda", en referencia a los casos de menores que, tras finalizar la medida judicial, continúan "vinculados como voluntarios" a la entidad en la que han realizado la prestación en beneficio de la comunidad. El año pasado, se dictaron en Gipuzkoa 133 sentencias con prestaciones en beneficio de la comunidad como alternativa a otra pena. Se trata de una medida que se impone principalmente en los casos de faltas o delitos leves. "Amenazas, lesiones no graves, hurtos, robos con fuerza, conducción imprudente o arriesgada...", detallan fuentes de Justicia Juvenil.

"Por faltas, el juez puede imponer hasta seis meses de libertad vigilada, seis meses de tareas socioeducativas o amonestaciones", afirma la titular de menores. En lugar de ellas los jueces pueden decretar una prestación en beneficio de la comunidad aunque, previamente, se necesita el consentimiento del menor, que lo otorga en el 95 por ciento de los casos. "Por las características propias de la medida hace falta una voluntariedad para que el menor colabore", afirman desde Justicia Juvenil. En los casos en los que el menor se niegue a cumplir con la prestación, el juez sustituye la medida por "una permanencia de fin de semana en el domicilio, acompañado de una serie de tareas, o en los casos en que no existe un entorno familiar favorecedor, se cumple en un centro de internamiento durante el fin de semana", aclara Edurne Uranga.

Además, aunque las prestaciones están pensadas para faltas y delitos leves, cada año se producen "uno o dos casos" que se imponen como alternativa a delitos graves "debido que la situación social y familiar del menor es buena y cualquier otra medida podría interferir negativamente en su vida", afirman desde el Departamento. Asimismo, también están pensadas para aquellos menores "que cometen su primer delito".

Hasta que un juez determina la prestación en beneficio de la comunidad existe un proceso. En cada caso, un equipo formado por psicólogos, trabajadores sociales y educadores realizan un estudio sobre la situación vital de ese chico, su entorno familiar, escolar, empleo, relaciones sociales... Realizan un informe y trasladan una propuesta al fiscal sobre cuál sería la medida que mejor se adaptaría a ese menor. Si el fiscal considera que es viable, la propone al juez, que decide. La ley marca una serie de requisitos a la hora de hacer la prestación. Las actividades deben de ser no retribuidas y de interés social. "En la medida de lo posible hay que tratar que se relacione lo que hace con el daño que ha causado. Además, el hecho de que ejecute la medida no tiene que entorpecer en absoluto sus actividades diarias: estudios, trabajo...", afirman fuentes de Justicia Juvenil.

El tiempo máximo que se puede dedicar al día para realizar la prestación varía si son menores de 16 años (4 horas) o si son mayores de 16 años (hasta 8 horas). "Lo normal es que sean 2-3 horas al día". El número máximo de horas que dura el programa para los menores de 16 años es de 150 horas y de 200 horas para los de más de 16 años. La media suele estar en torno a las 25 horas. Nada más acabado el juicio se cita al menor y se tiene una entrevista con él. "Se trata de conocer cómo es esa persona, si tiene facilidad en el trato con otras personas, cuáles son la disponibilidades que tiene...". Con todo ello se hace un plan de horarios y tareas en una de las entidades con las que el Departamento de Justicia mantiene convenios de colaboración.

Al menor se le explica la prestación y siempre tendrá cerca una persona del servicio de Justicia Juvenil que es su responsable o tutor. El plan se envía al juez , que lo examina y lo aprueba en el 98 por ciento de los casos. Una vez aprobado el plan, se acompaña al menor al recurso y se hace un seguimiento de su actividad. Dependiendo del caso, el menor puede realizar tareas como acompañar ancianos en residencias o a personas con problemas de movilidad a hacer gestiones, transporte adaptado, ayuda al baño con discapacitados... También existen programas de apoyo a la infancia, en ludotecas, clubes de tiempo libre. Además, entre otros, se realizan prestaciones colaborando con el Banco de Alimentos, con DYA, Cáritas, Nagusilan, Traperos de Emaús. "Se hacen muchas tareas de mantenimiento en Ayuntamientos, como barrer hojas en épocas de invierno, limpiar sumideros tras un temporal, ayudar al aguacil a hacer reparaciones...", explica un técnico del servicio.

Una vez terminada la prestación, se realiza una evaluación de cómo ha funcionado. Se tiene en cuenta desde la asistencia, la puntualidad, el interés mostrado, la relación con las personas o el responsable, actitud... Se valora y se manda al juzgado. El juez aprueba esa valoración el 95 por ciento de los casos. Si no es correcto, el magistrado no da por cumplida la medida. Citaría de nuevo al menor y le llamaría la atención para que lo hiciera correctamente. "Lo tendría que repetir. Si hubiera una negativa, normalmente se suele sustituir por permanencias de fin de semana en el centro. El chico siempre cumple una medida", añaden. En la actualidad, hay un porcentaje muy elevado de menores extranjeros no acompañados que cometen infracciones. "También aceptan realizar estas prestaciones, pero en su caso lo siguen con menos perseverancia. Como no tienen supervisión en casa ni hábitos, ni control, hay que insistir mucho con ellos", señalan fuentes de Justicia Juvenil.