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Los afectados de la presunta estafa de la inmobiliaria Urbancasa ratificaron esta semana sus denuncias en el Juzgado de instrucción número 5 de Donostia, instancia a la que regresaron después de que el juzgado de Tudela rechazara agruparlas en su jurisdicción junto a los casos navarros.

Una veintena de afectados acudió al Palacio de Justicia de Donostia junto a sus abogados para firmar el acta de reclamación de las acciones civiles y penales emprendidas sobre los presuntos autores de la estafa, Ángel Crespo y María Victoria Ferrer. La pareja se encuentra en prisión incondicional desde el pasado mes de noviembre, acusados de apropiarse de unos 900.000 euros de una treintena de personas del País Vasco y Navarra que adelantaron dinero para la reserva de terrenos o la construcción de casas que no se edificaron.

Según señaló Bernardo Inza, representante legal de dos guipuzcoanos, el proceso entra ahora "en fase de instrucción". El letrado presentó ayer mismo en el juzgado "una lista de testigos y solicitud de documentación, es decir, la labor investigadora". Inza aseguró que la acusación dispone de "material probatorio suficiente para demostrar que se han cometido infracciones penales que, además, llevan aparejada una responsabilidad civil". Que los afectados recuperen el dinero presuntamente estafado es otra cuestión.