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"De forma oficial, desconocemos si el Ministerio del Interior ha realizado el derribo del antiguo polvorín de Zaballa". Así de rotundo se mostró ayer el portavoz foral, Claudio Rodríguez, al negar cualquier contacto con el Gobierno central para abordar la construcción del nuevo complejo penitenciario de Nanclares. El teniente de diputado general aprovechó la ocasión para reiterar la apuesta del PNV por módulos que acojan a un máximo de 350 reclusos con el propósito de facilitar las condiciones de estancia y la reinserción de los internos.

Sin embargo, su petición tiene difícil encaje en los planes de Instituciones Penitenciarias, que ha diseñado una cárcel con 875 celdas, 300 más que la actual. Tras el derribo del antiguo polvorín, adelantado la pasada semana por EL CORREO, el terreno ha quedado diáfano para facilitar el trabajo a la empresa que resulte adjudicataria de las obras. Aún no se han licitado, pero la previsión de Interior es que se inicien este año -la apertura de la nueva prisión se producirá, en principio, en 2010-.

Pese a que el Gobierno foral vinculó su discurso a la tipología del complejo, las discrepancias, sobre todo, se refieren a la ubicación elegida. Tal es así, que el diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA), ya ha advertido de que "no puede construirse" en Zaballa porque así lo prohíbe el Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central, documento de referencia urbanística que tipifica la zona de "no urbanizable". Además, informes forales rechazan su construcción por el valor ecológico de la zona.

Mintegi ha apostado por adoptar una actitud más beligerante que el PNV, principal socio de gobierno, para evitar que Interior siga con sus planes. Para muestra, un botón. El diputado de EA llegó a asegurar en una comparecencia en las Juntas que sería "tremendo" que Instituciones Penitenciarias "se saltase la ley cuando es ella la que debe hacer que se cumpla".

Pero las bazas de la Diputación son más bien escasas. Tanto, que sólo le queda recurrir al "diálogo" para cambiar la ubicación o incluso la capacidad del centro. Así lo subrayó ayer Claudio Rodríguez, quien reconoció que al tratarse de una obra de interés general, el Ejecutivo central puede comenzar las obras sin el consentimiento previo de la institución foral.

Pese a que Mintegi subrayó en una reciente comparecencia que el PTP "nunca" se ha cambiado en Álava, el teniente de diputado general confesó que sí podría hacerse, aunque abogó por buscar desde el consenso otro emplazamiento.