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Sucedió el 30 de julio de 2006. Decenas de jóvenes arrasaron la estación de metro de Algorta, en plenas fiestas patronales de este barrio de Getxo. A patada limpia rompieron una escalera mecánica y también varios cristales de uno de los fosteritos. El episodio de vandalismo más grave en la historia del suburbano dejó pérdidas por valor de 100.000 euros y una terminal que no recuperó la normalidad hasta tres meses más tarde.

La Policía Municipal logró detener a cuatro de los gamberros e identificó a otros dieciocho. Año y medio después, cinco menores que participaron en aquellos actos dedicarán dos fines de semana a limpiar los andenes para tratar de paliar el daño que causaron, según ha podido saber este periódico.

Esta segunda oportunidad es fruto de un acuerdo alcanzado entre las familias de los adolescentes implicados y Metro Bilbao. Un proceso que ve ahora la luz, pero que tiene por detrás una complicada gestación legal y un intenso trabajo de diálogo entre todas las partes en conflicto. Según ha conocido EL CORREO, la iniciativa ha satisfecho a todos: a la Fiscalía de Menores, a la propia empresa pública de transporte y a los tutores de los jóvenes, que ahora tendrán la posibilidad de redimirse.

La idea es, además, pionera en España, ya que será la primera vez que personas que han causado desperfectos en un metro desarrollen labores comunitarias en el propio suburbano. En otras ciudades como Barcelona o Madrid, los menores que son sorprendidos destrozando el mobiliario o pintando grafitis suelen ser obligados a colaborar en tareas sociales que nada tienen que ver con el medio de transporte afectado.

Además de los cuatro días de trabajo comunitario, los padres tendrán que hacer frente al pago de los destrozos. El importe de estas compensaciones aún no se ha cuantificado, ya que hay en marcha un proceso judicial en el que están imputados otras 18 personas. Tampoco hay fecha todavía para el juicio, aunque, una vez celebrado, el juez es posible que obligue al conjunto de los implicados en estos actos vandálicos cometidos durante las fiestas de Algorta a abonar el coste de las reparaciones de forma solidaria. En este caso habría que dividir el coste de las reparaciones entre todos los condenados.

Convenio con Justicia

Durante los cuatro días que limpien el metro, los adolescentes irán acompañados por personal del suburbano y, seguramente, también por varios monitores encargados de supervisar su labor. Su jornada se extenderá por espacio de siete horas. Fuentes sindicales valoraron ayer positivamente la medida, aunque aseguraron que carecen todavía "de una información detallada sobre el caso".

Para posibilitar este tipo de experiencias, pero sobre todo para dar cobertura legal al compromiso alcanzado con las familias y la Fiscalía, Metro Bilbao suscribió un acuerdo el pasado mes de junio con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Esta decisión sorprendió entonces a muchos de los empleados del suburbano. Nadie esperaba que este convenio sirviera para avalar el castigo que los cinco adolescentes van a purgar durante dos fines de semana.

En 2006, los cuatro juzgados vascos de menores dictaron 469 penas consistentes en prestar servicios sociales a la comunidad. Sin embargo, los magistrados tuvieron aquel año problemas para encontrar entidades dispuestas a colaborar en la rehabilitación de los adolescentes.

El peso de este proceso ha recaído tradicionalmente en asociaciones sin ánimo de lucro. Y aunque varias de ellas participan en los programas de forma activa, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco necesitaba la ayuda de entidades con posibilidades de ofrecer un volumen de trabajo y cobertura mayor para impulsar este tipo de iniciativas.

Por eso, el pasado mes de junio llegó a un acuerdo con la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), con Traperos de Emaús, con la Fundación Zuzenak de Álava y, por último, con Metro Bilbao. Según Justicia, este tipo de trabajos suele dar muy buenos resultados. De hecho, el último dato que ofreció el Ejecutivo autonómico a este respecto arroja que el 90 por ciento de los menores que prestan servicios sociales no reinciden.

La duración media de las prestaciones oscila entre las 20 y las 50 horas. En el caso de los jóvenes que destrozaron el metro en Algorta será de 28. Este tipo de condenas suelen imponerse a aquellos adolescentes que han cometido faltas leves o que no entrañan violencia. Los delitos más graves se pagan con medidas más contundentes, como el ingreso en centros especializados para su reinserción social.