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La Diputación ha autorizado la caza en cualquier época del año de las especies que hayan causado daños en cultivos o repoblaciones forestales, siempre que estén «constatados» por parte del Departamento de Agricultura. La capturas se llevarán a cabo en esos mismos terrenos, en la modalidad de espera, a petición de sus propietarios. Se trata de una medida extraordinaria para intensificar la presión cinegética sobre corzos y jabalíes, las especies que causan más destrozos en las explotaciones de los baserritarras.

La orden foral aprobada hace unos días es similar a las que se vienen aplicando en los últimos años «para evitar daños en el sector agrario y forestal», según fuentes del departamento. A partir de 2006 también se autorizaron las batidas de jabalíes en días festivos, se amplió el horario de estas jornadas «de luz a luz» y se permitió abatir hembras de corzo. El permiso para actuar durante todo el año se basa en la Ley de Caza, que excluye de esta práctica a las especies protegidas. Los solicitantes deben indicar con 24 horas de antelación el lugar donde se harán las capturas. Los cazadores pueden ser los propios titulares de los terrenos o miembros de las sociedades locales o gestoras de los cotos.

La decisión del Departamento de Agricultura ha resultado polémica. El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas a través de las Juntas Generales para conocer con exactitud las denuncias por daños en los cultivos que se han presentado en los últimos años, desde 2003, y el alcance de los mismos. El apoderado Arturo Aldecoa quiere saber cómo se justifica una medida que considera «desproporcionada. Una autorización tan amplia en el tiempo y en el territorio puede tener como único resultado el ampliar gratuitamente los periodos de caza de la manera más burda», advierte.

En su opinión, los permisos extraordinarios «quitan el sentido a la orden de vedas» que regula la práctica cinegética, y que «año tras año se modifica». La Ley de Caza establece que para adoptar este tipo de medidas «se deben justificar los perjuicios efectivos» causados a las explotaciones «acompañando un informe pericial». Por ello, el PP ha pedido información sobre los expedientes tramitados para pagar indemnizaciones y sobre las piezas que se han abatido con permisos extraordinarios. «Aparentemente, quieren evitar daños a la agricultura y dictan la orden en un momento agrológico en el que no hay prácticamente ningún cultivo en las huertas», concluye Aldecoa.