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El Departamento de Interior del Gobierno vasco ordenó investigar las fuentes informativas de un periodista de "El Correo" e intervino con autorización judicial su listado de llamadas durante once días de marzo y mayo de 2006, un hecho sin precedentes. La Viceconsejería de Seguridad, dirigida por Mikel Legarda, intentaba averiguar el origen de una información publicada por ese periódico en la que se denunciaba que un presunto colaborador de ETA había sido avisado de que iba a ser detenido por la Ertzaintza tres días antes de la intervención policial.

La noticia desató en Interior una "caza de brujas" que se materializó en la acusación directa contra un ertzaina, investigado judicialmente como sospechoso de haber facilitado esos datos al informador. La imputación ha sido finalmente rechazada por un juez de Vitoria, que acaba de sobreseer la causa.

El origen del caso se encuentra en la detención, practicada el 28 de marzo de 2006, de Koldo Damborenea, un abogado de Bilbao supuestamente relacionado con el comando que, en 2002, intentó asesinar a dos ertzainas en el puerto alavés de Herrera. En el tiroteo falleció el etarra Arkaitz Otazua y los dos agentes vascos sufrieron heridas de gravedad.

En la investigación sobre el detenido existía un punto oscuro. Según una versión que figura en las diligencias judiciales, una persona que se presentó como adscrita a la Viceconsejería de Legarda estuvo con un familiar de Damborenea y le entregó información sobre el caso. Escuchas telefónicas posteriores y diversas informaciones recopiladas por agentes ratificaron que se había producido una filtración. A raíz de este hecho, puesto en conocimiento del juez, se abrió una investigación interna para intentar determinar qué funcionario había pasado la información al sospechoso.

"El Correo" publicó el pasado 10 de mayo la existencia de la filtración. En ese momento, la Unidad de Asuntos Internos, dirigida por Gervasio Gabirondo, inició una serie de pesquisas para intentar localizar a quien había facilitado al periódico la información. Los agentes solicitaron a la juez de Vitoria Fátima Ortiz Alarcón poder acceder al tráfico de llamadas del periodista del rotativo bilbaíno Óscar Beltrán de Otálora entre el 22 y 27 de marzo, y del 5 al 9 de mayo.

La juez Ortiz accedió a la petición. En sus razonamientos jurídicos, estimó que controlar el tránsito de llamadas era una "diligencia esencial para constatar los indicios y la consiguiente determinación de la existencia de un delito". En su opinión, no existía "otro medio de investigación" distinto "de menor incidencia sobre los derechos y libertades fundamentales del individuo". Según el auto, controlar las comunicaciones del periodista era necesario para preservar "el buen funcionamiento de las Administraciones públicas y el bien común".

Con la autorización judicial, los agentes accedieron al listado de números con los que el redactor se había puesto en contacto entre los días citados, así como las llamadas que había recibido. A partir de ese dato, Asuntos Internos centró sus pesquisas sobre un agente con lazos de amistad con el periodista, pero no pudo ofrecer al juez ni un indicio de que ambos hubieran hablado en los días previos a la aparición de la noticia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria -que había sustituido a la juez que ordenó las escuchas- llamó a declarar al agente como imputado de un delito de revelación de secretos. Sin este trámite, la investigación de la Ertzaintza para intentar descubrir las fuentes informativas de "El Correo" nunca se habría conocido. El pasado febrero, el magistrado optó por el sobreseimiento por falta de pruebas.