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Los 24 propietarios de los polémicos chalés bioclimáticos de Ibaiondo todavía siguen a la espera de recibir los 1,3 millones de euros que reclaman a la empresa Opacua, la misma que promueve los apartamentos tutelados de Etxezarra. Cada una de estas familias pide que la constructora les reintegre los 54.0000 euros que abonó por encima del precio fijado por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria, un asunto que también ha acabado en los tribunales.

Los vecinos recibirán su dinero, pero no de manos de la empresa, sino del propio Consistorio, que después se lo reclamará a Opacua. Ésta es la promesa que realizó el Gabinete Lazcoz el año pasado, aunque los socialistas han tenido que esperar a la aprobación del presupuesto de 2008 para disponer de la cantidad. "Nuestra intención sigue en pie y ya hemos dado la orden para cumplirla", confirmó a este periódico la concejala de Hacienda, Marian Gutiérrez.

La edil socialista remarcó que su equipo elabora un expediente en el que incluirá diversa información sobre el caso. "Estamos dando nuevos pasos", apuntó. No hay fecha fija para reintegrar los 1,3 millones, pero el alcalde, Patxi Lazcoz, aseguró en febrero que quería zanjar este asunto antes del verano.

Esta polémica provocó hace un año una comisión de investigación en el Ayuntamiento impulsada por PSE, PNV, EB y EA. Estos grupos concluyeron que Opacua cobró de forma "irregular" 54.000 euros más a cada familia de Ibaiondo para sufragar los elementos bioclimáticos de las casas, como las placas solares o los sistemas de ahorro de agua.

Esto chocaba con lo aprobado por el pleno del Consistorio cuatro años antes. Entonces, los partidos autorizaron que el coste final de las viviendas fuera de unos 250.000 euros, el resultado de aumentar en un 75% el coste de un piso protegido "dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés".

La oposición llevó estas consideraciones ante la Fiscalía y el proceso judicial sigue abierto. El único imputado es el ex director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, acusado de tres presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.