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Las inundaciones del pasado domingo han dado paso a una riada de reclamaciones que, lejos de caer gota a gota, han empezado a llegar a las instituciones como una verdadera catarata. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), organismo público dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, abrió ayer el plazo para pedir indemnizaciones y en apenas una jornada recogió 445 solicitudes en su sede de Bilbao, ubicada en número 3 de la calle Henao. "Es una cifra considerable. Las peticiones han entrado con rapidez. La mayoría, unas 210, son por desperfectos en viviendas, 150 en automóviles, 45 en comercios y 40 en industrias", detalló ayer Alejandro Izuzkiza, director de operaciones del CCS.

Pero ésta es sólo la punta del iceberg, porque la entidad -que actúa "cuando las aseguradoras privadas se retiran" en los casos de catástrofes naturales y terrorismo- estima que más de 5.000 afectados pedirán una compensación por las pérdidas económicas causadas por las inundaciones. "La mayor parte, en torno a 3.000, serán por estragos en el domicilio. Luego habrá unas 1.000 referidas a coches, que casi siempre en estos casos son declarados siniestro total", señaló Izuskiza, quien añadió que una primera revisión de los peritos ha determinado que los destrozos "están muy concentrados en viviendas, garajes y sótanos, sobre todo en la zona residencial de Getxo, Barakaldo, Asua y Sopelana".

Asimismo, Izuzkiza destacó la importancia de tramitar la reclamación en el plazo de siete días, "si bien no habría problemas para hacerlo más tarde, ya que se entiende que la labor de buscar el papeleo necesario puede llevar más tiempo". Cuanto antes se realice el trámite, antes irán los peritos a valorar los daños de cara a la correspondiente indemnización. "Creemos que en el plazo de tres meses estará resuelto el grueso de las reclamaciones", aseguró.

En lugar de recurrir al CCS, algunos afectados prefirieron acudir primero a los ayuntamientos de sus localidades para asesorarse. Hasta el de Getxo, por ejemplo, se acercaron unos 180 vecinos; en Barakaldo el Servicio de Atención Ciudadana recibió ayer a 110 residentes y en Trapagaran hubo 200 quejas. Además de orientar a los ciudadanos, algunos consistorios hicieron su propia estimación económica de daños. Así, Alonsotegi cifró los destrozos en dos millones de euros, en Berango los fijó en 600.000 y en Ibarrangelu, en 24.000. Una doble tarea que hizo hervir de actividad algunas casas consistoriales.

"Ir a los ayuntamientos está bien, pero también hay que presentarse en el Consorcio de Compensación de Seguros. Lo ideal es hacer las dos cosas", recomendaron ayer portavoces de la Organización vasca de Consumidores (EKA), que también insistieron en la necesidad de leer bien la letra pequeña de las pólizas contratadas para evitar que las aseguradoras "barran demasiado para casa". En este caso, según matizaron, la intervención del Consorcio y el apoyo de las instituciones públicas, que de forma subsidiaria pueden "completar" las indemnizaciones, vaticinan una resolución "rápida de los casos".