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La Vitoria-Eibar (AP-1) ya tiene una nueva fecha que guardar en sus anales. La infraestructura de mayor envergadura que se ha construido en Álava en las últimas décadas ha dejado de ser un ambicioso proyecto para convertirse en una realidad. En parte, eso sí, porque de los 14,2 kilómetros que discurren por territorio alavés sólo se han abierto los 6,2 que unen Echávarri-Viña de Luko. ¿El motivo? Los retrasos que acumula Guipúzcoa en la parte del trazado más próxima a Álava -sobre todo en el túnel de Arlabán-, y que impedirá recorrer los 46,2 kilómetros entre Vitoria y Eibar hasta primavera.

Si el entonces diputado general Ramón Rabanera (PP) fue el encargado de colocar la primera piedra de este tramo el 11 de mayo de 2006, el peneuvista Xabier Agirre ha sido el protagonista de la inauguración. Lo ha hecho rodeado de todos sus diputados, el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, el gerente de la sociedad pública foral Viasa (gestora de la autopista), Unai Grajales, varios cargos municipales de la zona y representantes de las empresas que han construido el trazado: Ferrovial-Agroman, Lanbide y Copalsa. "Este tramo es una parte de un proyecto mucho más amplio que en breve estará finalizado. Somos servidores públicos y como tal, debíamos abrirlo", enfatiza Agirre. Tras manifestar que esperan que la AP-1 pueda inaugurarse en su totalidad para la "próxima primavera", el diputado general definió la AP-1 como un elemento "fundamental para el transporte por carretera de este país". Y es que cuando esté a pleno rendimiento, permitirá descongestionar la N-1 y mejorar los trayectos locales entre la cuenca del Deba y el norte de Vitoria.

Pero esto es futuro y el presente describe una autopista abierta sin peaje de forma parcial y provisional, que dará servicio a un número de usuarios difícil de cuantificar. "Es una carretera nueva y no sabemos cómo se va a comportar ya que en el plan de negocio no estaba previsto que se abriera de esta forma", matiza Zarrabeitia, al tiempo que avanza que en próximos días se instalarán estaciones de medición.

En teoría, su puesta en servicio beneficiará a los municipios ubicados al norte de la capital alavesa, como Zigoitia, Legutiano o Arrazua-Ubarrundia. Facilitará además la interconexión entre las principales carreteras que transitan por el territorio, como la N-1, la N-622 (Altube) o la N-240, que lleva a Bilbao. Sólo estos tres viales soportan casi 100.000 vehículos al día.

El tramo Echávarri Viña-Luko, que consta de dos carriles por sentido, se presupuestó hace dos años en 30 millones de euros, IVA incluido. En el proyecto inicial, como se puede comprobar sobre el terreno, se recoge la construcción de dos estaciones de servicio, un área de descanso y un hotel. Sin embargo, esta idea parece no haber cuajado en el Gabinete Agirre ya que se han vuelto a estudiar todas las alternativas. El espacio está y al menos, como recalcó el diputado de Obras Públicas, se construirán dos gasolineras, que se esperan sacar a concurso este año. Lo del hotel ha quedado relegado a un segundo plano.

La apertura del primer tramo de la AP-1 llega cinco meses después de la fecha acordada en su día por las diputaciones de Álava y Guipúzcoa. Sin embargo, en el último trimestre del pasado año, a la vista del retraso que acumulaban las obras en el territorio vecino, la Diputación decidió ralentizar la marcha de la construcción de los 14,2 kilómetros que discurren por suelo alavés. "Si hubiese sido necesario, hubiéramos acabado en plazo", recalcan. ¿Y por qué se espera hasta junio? Se decidió así para evitar complicaciones derivadas del mal tiempo.

En cuanto a los 8 kilómetros que separan Luko del túnel de Arlabán también están finalizados, pero no pueden usarse porque Guipúzcoa no ha concluido el pasadizo. En esta provincia, ya están operativos 15 de sus casi 32 kilómetros: los tres tramos en los que está dividido el trayecto Eibar-Mondragón, y que comenzaron a inaugurarse en 2003.

Sin embargo, el principal quebradero de cabeza de la Diputación alavesa no se refiere a la apertura de uno u otro tramo, sino al sobrecoste que deberá afrontar. El pasado mes de noviembre el Gabinete Agirre lo estimó en 25,6 millones de euros, un 20 por ciento más de lo aprobado por las Juntas Generales. "No podemos avanzar cifras porque hay que esperar a las certificaciones, pero el aumento será importante", advierte Zarrabeitia. Con el incremento del sobrecoste, el presupuesto de la AP-1 se ha disparado por el momento a los 147,5 millones. Para evitar su impacto en las arcas forales, el Gabinete Agirre ha recibido de la Caja Vital un nuevo préstamo de 12 millones.