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Los responsables de la Policía Municipal de Bilbao pidieron ayer a los hosteleros y comerciantes de la villa que denuncien cualquier intento de coacción o chantaje que hayan podido sufrir. La guardia urbana hizo este llamamiento al día siguiente de que un juez haya imputado a un agente local y a su actual pareja sentimental por extorsionar al propietario de un bar de copas. El empresario acabó pagando 3.000 euros para evitar la clausura de su establecimiento por un supuesto exceso de aforo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz, realizó ayer dos comparecencias públicas para informar sobre el caso. Primero se reunió con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Consistorio. Y, después, con los medios de comunicación. En ambas ocasiones, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y "confianza" en la honestidad de los funcionarios locales. Aseguró que la apertura de diligencias penales contra el policía y su compañera es "un hecho puntual". Y, pese a que la investigación continúa abierta, sostuvo que, por ahora, "no hay indicios" de que ningún otro miembro del Cuerpo -formado por algo más de 800 personas- esté involucrado, ni de que "haya más hosteleros afectados". También mostró su convencimiento de que no se han producido comportamientos similares contra ciudadanos multados por infracciones de tráfico.

En la reunión con los representantes de las diversas formaciones políticas, Maiz centró su intervención en defender la actuación de los responsables municipales y advirtió de que "seguiremos investigando hasta el final, caiga quien caiga". También informó a sus compañeros de Corporación de que el agente implicado ha sido "expendientado y suspendido de empleo" y que, actualmente, se encuentra en una clínica para tratar su adicción a las drogas. El edil insistió en que se depurarán "todas las responsabilidades a que haya lugar". Si finalmente la Justicia le encuentra culpable, el Consistorio abrirá en su contra un proceso administrativo para despojarle de su condición de funcionario.

Tras 15 minutos de reunión y después de haber respondido a algunas preguntas formuladas por la oposición, Maiz ofreció unas breves declaraciones a los medios de comunicación. El edil se limitó a confirmar lo publicado ayer por este diario y achacó la supuesta actitud delictiva del policía al consumo de estupefacientes. "La droga acaba llevando a situaciones personales complicadas y muy destructivas", valoró.

El concejal de Seguridad Ciudadana no quiso entrar en más detalles y evitó referirse al "modus operandi" seguido por los supuestos extorsionadores. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas a la investigación, el modo de actuación fue el siguiente. El agente implicado irrumpió un sábado en el establecimiento hostelero. Le anunció al propietario que el local presentaba un exceso de aforo. Sin contar el número de personas que había dentro y ni siquiera levantar acta, el sospechoso amenazó al empresario con la apertura de un fuerte expediente sancionador.

A la semana siguiente, el extorsionado recibió una llamada telefónica en nombre de la guardia urbana, advirtiéndole de que su pub iba a ser cerrado por espacio de un mes. Pocos días después, una mujer que frecuentaba el recinto se ofreció como intermediaria para zanjar el asunto a cambio de 3.000 euros. El afectado pagó y el caso sólo se dio a conocer por una "vaga" denuncia anónima.