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El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVC) abrirá este año una auditoría en profundidad sobre la operación de La Peña al incluir en su plan de trabajo en curso un nuevo informe sobre las obras del aparcamiento que se añadió sobre la marcha al polideportivo. El máximo órgano fiscalizador del gasto público en Euskadi cumplirá de este modo el mandato dado ayer por el pleno del Parlamento, que, con el apoyo de todos los partidos, aprobó una propuesta del PP para investigar la ejecución del tajo. Los representantes de PNV, EA y EB respaldaron la iniciativa desde el convencimiento de que el procedimiento seguido fue "correcto" y "fuera de toda duda".

Precisamente, estos partidos que sostienen el Gobierno vasco son los mismos que formaban el Ejecutivo de Bilbao cuando se gestionó la discutida operación de La Peña que ahora se va a fiscalizar por entero. El nuevo informe del TVC completará un estudio anterior de 2004 sobre la adjudicación del polideportivo. Añadirá ahora la ejecución, recepción y liquidación del paquete conjunto, con especial hincapié en el desarrollo del aparcamiento subterráneo.

En la sesión de ayer, el representante del PP Antón Damborenea defendió la apertura de una auditoría en aras a "la transparencia" en el control de fondos públicos, un argumento con el que estuvieron de acuerdo todos los parlamentarios -no participó en este debate EHAK-, aunque con matices en el fondo de la cuestión. Damborenea repasó la presuntas irregularidades al recordar los sucesivos encarecimientos registrados por la obra -hasta diez, de los que nueve no pasaron por el consejo del IMD-Bilbao Kirolak, gestor de los recintos deportivos y, excepcionalmente, del parking de La Peña-.

Asimismo, destacó el sobrecoste autorizado de las plazas de este equipamiento, que salieron a la venta por 17.700 euros cuando estaban pensadas en 12.000. Al no venderse a vecinos, el promotor ha hecho uso de una cláusula del pliego y ha solicitado al Consistorio que le compre 58 garajes, cuyo destino anunciado es el de un almacén documental.

Por su parte, Joana Madrigal (PSE) afirmó que la operación de La Peña es un ejemplo de "penosa gestión de lo público" y exigió mayor "rigor" en los contratos.

Óscar Matute, de EB -partido que ha iniciado la renovación del IMD en busca de una salida a la crisis de gestión-, aseguró que los responsables municipales ya "han ofrecido informaciones veraces" sobre la operación y recordó que la venta de plazas al Consistorio "estaba contemplada" en los pliegos.

Rafael Larreina, de EA -formación que dirigía el IMD en el momento de los hechos que se van a auditar-, defendió la legalidad de la actuación, pero instó a "reflexionar" sobre el control de las obras públicas y las decisiones que afectan a los ciudadanos.

Javier Carro, del PNV -partido que lidera el Gobierno en Bilbao-, subrayó que los pliegos de condiciones de las obras del polideportivo y del parking habían sido aprobados por todos los partidos de Bilbao en el consejo del IMD.

Por su parte, el portavoz del PP en Bilbao, Antonio Basagoiti, interpretó el visto bueno del PNV a la investigación de este modo: "Quieren parecer que no tienen nada que ocultar". Txema Oleaga (PSE-EE) consideró "totalmente lícito y muy razonable" el nuevo informe fiscalizador a La Peña.