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La publicación de la ley de regulación y convocatoria de la consulta del 25 de octubre en el Boletín Oficial del País Vasco no debería retrasarse más allá de finales de la próxima semana, si el Gobierno de Vitoria quiere ser escrupuloso en el cumplimiento de los plazos tasados por ley. Y nada indica, según las fuentes consultadas en el Ejecutivo, que no vaya a ser así, máxime cuando la oposición ya ha comenzado a denunciar en público la supuesta "maniobra de dilación" del Gabinete Ibarretxe para "dificultar" la labor del Tribunal Constitucional -así lo aseguró ayer el portavoz del PP vasco Leopoldo Barreda- y con toda la atención mediática concentrada en la fecha de publicación de la norma.

El trámite, en este caso, no es en absoluto baladí, porque de él depende la materialización efectiva del recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene ya preparado, en el que apelará, en sintonía con el dictamen del consejo de Estado, al carácter ilegal de un referéndum revestido de consulta que invade competencias exclusivas estatales. La publicación de la ley en el BOPV abrirá definitivamente el escenario de batalla judicial entre ambos Ejecutivos. El tripartito ya ha anunciado, por boca de varios de sus consejeros, que no piensa quedarse "de brazos cruzados" y, de hecho, agotará todas las vías jurídicas en defensa de la consulta.

Aunque el retraso en los plazos para postergar al máximo el recurso favorece la estrategia del Gabinete Ibarretxe, centrada en denunciar las "prisas" de Zapatero por acallar, presuntamente, el derecho a decidir de los vascos y adelantarse así al PP -que el lunes reunirá al grupo de trabajo encabezado por Federico Trillo, para ultimar su propia impugnación-, lo cierto es que no le quedará más remedio que abrir la puerta en breve a la presentación del recurso y, en consecuencia a la suspensión inmediata de la norma. Perderá así la posibilidad de seguir actuando de espaldas a la realidad y de insistir, como hizo Ibarretxe el pasado miércoles, en que su actividad se centra en "preparar" la consulta, pese a ser plenamente consciente de que no podrá en ningún caso celebrarse. Nada de eso será ya viable con una ley congelada por los tribunales. Del mismo modo que este mismo martes el Ejecutivo de Vitoria prevé librar las partidas necesarias para sufragar el plebiscito, un hipotético retraso en el recurso podría permitirle acortar el margen de maniobra del Constitucional e, incluso, estar en condiciones de publicar el decreto de convocatoria de la consulta el próximo 15 de septiembre, la fecha prevista en la norma aprobada el pasado viernes con el apoyo de EHAK.

Hasta el sábado

La ley es clara al respecto. Tanto el Estatuto de Gernika en su artículo 27.5 como el 7.b de la ley vasca de Gobierno establecen que corresponde al lehendakari la facultad de promulgar las leyes y ordenar su publicación en el BOPV en un plazo no superior a quince días desde la fecha de su aprobación. El Ejecutivo dispone por lo tanto de tiempo hasta el próximo sábado 12 de julio para dar una orden que, en la práctica, corresponde a la Dirección de Relaciones con el Parlamento, dependiente de Vicepresidencia. El Gobierno vasco niega tajantemente que esté retrasando de forma deliberada la publicación de la ley y se escuda en que el tiempo transcurrido hasta ahora es el plazo habitual en este tipo de trámites, aunque diversas fuentes peneuvistas consultadas coinciden en apuntar que al tripartito le interesa aplazar al máximo lo inevitable para abundar en su discurso victimista. En todo caso, y aunque habitualmente los distintos Ejecutivos interpretan con flexibilidad esa previsión legal, para la que no existe ningún tipo de sanción, el tripartito se cuidará muy mucho de incumplir los plazos y dar bazas así a sus rivales políticos, que les acusarían en ese caso de saltarse la ley por estrategia partidista.

Ayer mismo, la norma apareció ya en el número 163 del Boletín Oficial de la Cámara Vasca -sin efecto legal alguno- y se publicaron asimismo dos leyes en el BOPV aprobadas sólo dos días antes del Pleno de la consulta.