Noticias Ya.com

El Gobierno vasco no va a tolerar ningún afán especulativo por parte de los promotores en la gestión de los terrenos. Con la Ley del Suelo en la mano, los ayuntamientos tendrán la posibilidad de expropiar un solar si el constructor no ha puesto las excavadoras a trabajar en el plazo de un año desde que acabó la urbanización del terreno o doce meses después de la fecha prevista para la finalización de las obras. El Departamento vasco de Vivienda trata así de evitar que los propietarios retengan injustificadamente los terrenos a la espera de que el mercado les brinde un momento propicio para elevar sus beneficios o bien por desacuerdo entre distintos socios. La obligación del deber de edificar queda regulada en un decreto de medidas urgentes, publicado recientemente en el BOPV, que desarrolla distintos aspectos de la normativa aprobada en junio de 2006 por el Parlamento vasco. En la introducción, el texto se refiere a la posterior aprobación de la Ley del Suelo estatal y a la necesidad de compatibilizar "ciertos preceptos jurídicos" de ambas normas con el objetivo de facilitar su aplicación por parte de las administraciones públicas.

Uno de ellos es la posibilidad, recogida en ambos textos legales, de recurrir a la expropiación forzosa cuando el promotor del solar incumple el deber de edificar. Así, establece que los plazos para el inicio de la construcción "en ningún caso podrán superar el año" desde la conclusión de los trabajos de urbanización o, en su caso, desde la fecha prevista en la licencia de obras para el fin del proyecto. La ley autonómica reduce considerablemente estos plazos respecto al marco legal estatal, que fija este límite en tres años.

Si el promotor incumpliese estos supuestos, la Administración competente -es decir, los ayuntamientos- dispondría de tres vías: la venta forzosa del solar, su adjudicación a un agente edificador o el sistema de expropiación. Con estas medidas, la consejería de Javier Madrazo pretende impedir que se limite la salida de pisos al mercado y su consiguiente encarecimiento, ya sea por un interés meramente especulativo como por un cambio de planes de la constructora o por un desacuerdo entre sus socios. "El interés público queda así tutelado por la función pública", destaca el director de Suelo, Íñigo Maguregi.

Un ejemplo paradigmático de perversa gestión del suelo es el barrio vitoriano de Lakua, donde determinados promotores retuvieron durante años polígonos enteros a la espera del momento propicio para dar un "pelotazo". Esta zona de expansión de la capital alavesa ha tardado más de tres décadas en completarse, en buena medida por la "pereza" de determinados promotores, que veían extinguirse los plazos de sus licencias sin penalización alguna. Desde 2005, el Ayuntamiento decidió tomar cartas en el asunto y amenazó a una veintena de promotores con expropiarles si no comenzaban las obras.

"Una norma durmiente"

Porque, de hecho, la posibilidad de enajenar los terrenos como medida de sanción ya estaba recogida en la normativa anterior, pero la Ley del Suelo "va más allá", dice Maguregi, al concretar mejor los supuestos y los procedimientos de actuación. "Era una norma durmiente, que rara vez se aplicaba", asegura el responsable del área jurídica de la asociación de constructores Ascobi. Antonio Calvo confía en "que impere la sensatez" y que este recurso legal no se aplique de forma generalizada para penalizar a un sector en horas bajas.

Según los constructores, la actual coyuntura económica de crisis no es "el momento más propicio" para adoptar medidas taxativas. "Nos parece un brindis al sol", apunta Calvo, que duda de que los ayuntamientos estén dispuestos a "obligar a un promotor a hacer 30.000 viviendas a sabiendas de que no va a vender ni una. Sería de locos", comenta. Ya en el proceso de tramitación de la ley en el Parlamento, la patronal de los constructores expresó su oposición a que se contemplara el recurso de la expropiación con un plazo "tan perentorio" de tiempo.

"La medida puede tener sentido en determinadas circunstancias, pero en estos momentos no es más que una norma voluntarista", considera Calvo. Algo similar, opinan, al reciente proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo autónomo, que obligará a los promotores a elevar del 10 al 15 por ciento el porcentaje de suelo que deben ceder a los Ayuntamientos para construir pisos protegidos y de alquiler social. "Tal y como está ahora el sector, debería haberse llevado a cabo una moratoria en su aplicación", apuntan desde Ascobi.