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Vitoria está en disposición de financiar la construcción completa de un nuevo centro cívico sólo con lo que el Ayuntamiento recauda en un año por multas de tráfico. Sin exagerar. Según los datos del último ejercicio, la Policía Municipal impuso en 2007 nada menos que 139.572 sanciones a vehículos en el casco urbano. Los coches estaban estacionados de manera indebida o en zona azul sin haber abonado la correspondiente tasa, se habían saltado un semáforo en rojo o circulaban a mayor velocidad de la permitida. El importe de todas estas multas rebasa los 10,8 millones de euros, lo que representa alrededor de 2 millones más que en 2006.

Estas cifras suponen que policías municipales y agentes de la OTA impusieron el pasado año una media de 382 sanciones de tráfico diarias, si se tiene en cuenta que la OTA se interrumpe desde las 14.00 horas del sábado hasta primera hora de la mañana del lunes. En 2006, se pusieron 315 sanciones diarias de media.

Desde el Departamento municipal de Hacienda se reconoce lo obvio. "Se trata de una cifra alta, más de lo que nos gustaría", subrayaron.

Pero, ¿cuántos conductores fueron penalizados por cometer alguna infracción? Según el balance municipal, las 139.572 multas se remitieron a los propietarios de 57.754 vehículos. Ello representa una media de 2,4.

Una mirada más reposada a los expedientes revela las claves del importante crecimiento registrado tanto en los que se refiere al número de denuncias, como al importe total. El capítulo que concentra gran parte de ese incremento es el de "exceso de velocidad". Si en 2006 la Guardia Urbana penalizó a los "fipipaldis" urbanos con 11.288 papeletas, el año pasado éstas se dispararon en un 73 por ciento hasta superar las 19.000. "Algunas actuaciones no se quedaron ahí y los casos conllevaron, además, actuaciones judiciales", detalla la directora municipal de Gestión Tributaria.

Ana Gutiérrez atribuye este crecimiento a los radares fijos que rotan desde el año pasado por las principales vías rápidas de la ciudad con el objeto declarado de ralentizar el tráfico: Avenida del Zadorra, calle Madrid, Zaramaga o Alto de Armentia. La alta funcionaria matiza que el mismo apartado engloba otras infracciones, como la conducción temeraria o la participación en carreras ilegales.

Las dificultades, cada vez mayores, para aparcar el coche en las calles de la capital alavesa también tienen reflejo en el informe anual. De hecho, los estacionamiento indebidos -en zonas de carga y descarga, de minusválidos o en vados- motivaron cuatro de cada diez sanciones. Para ser exactos, 57.449, frente a las 43.036 expedidas abiertos durante el año anterior.

Este capítulo no incluye las denuncias por dobles filas en las zonas VAP. Así es como se denominan a las calles que vetan esta práctica sin excepción alguna mediante una línea roja sobre el asfalto. También subieron en 2007 -de 1.053 a 1.417-, al igual que las de OTA, que sumaron 4.615, casi 3.000 más. Por último, las que la Hacienda municipal ha bautizado como "de circulación", y en las que archiva las sanciones por conducir en sentido contrario o saltarse un semáforo rojo, apenas registraron un ligero ascenso, de 14.073 a 14.160.

Aunque algunas de esas infracciones son inapelables -como rebasar en rojo los semáforos que están dotados de una cámara fotográfica-, el 22 por ciento de los denunciados optó por iniciar ese inacabable "toma y daca" con la Administración para tratar de probar que la multa de turno no estaba justificada. Esas alegaciones se materializaron en cerca de 32.000 escritos que llevaban como destinatario al Departamento municipal de Hacienda.

Muchos de esos pliegos de descargo se encargaron de remitirlos las conocidas empresas "quitamultas". "Saben que las sanciones prescriben en un año, por lo que tratan de abrumar con escritos al Ayuntamiento para dilatar el proceso", explica Gutiérrez.La responsable de Gestión Tributaria recordó que el importe de una sanción de tráfico puede quedarse en el 70 por ciento de la cifra inicial que figura en la papeleta si se abona antes de un mes desde la notificación oficial o acumular un recargo de hasta el 20 por ciento, intereses de demora diaria aparte, si se tensa sin éxito la cuerda ante la Administración municipal.