Noticias Ya.com

El "caso del lindane" está a punto de establecer un hito histórico en Euskadi. En el marco del sumario judicial, se realizará por primera vez un estudio epidemiológico para determinar cómo afectó la presencia masiva del pesticida en Barakaldo. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad vizcaína ha decidido encargar los análisis a la posible población afectada al experto Juan José Aurrekoetxea Agirre. Lo hace en su última providencia -del 27 de mayo- dentro del proceso para determinar las consecuencias para la salud del almacenamiento de la sustancia química en las plantas de Bilbao Chemicals e Idanor, un polémico asunto que tocó a su fin hace seis años. Lur Maitea está detrás de la querella criminal.

El asunto no es baladí. La Audiencia provincial apreció en un auto de septiembre del pasado año "indicios racionales de criminalidad" en el acopio "clandestino" de los residuos tóxicos por parte de Ihobe en los terrenos donde ahora se asienta el BEC. Entre 1995 y 2002, la sociedad pública de gestión ambiental administró el lindane acumulado en dos almacenes en Ansio. La demanda de los ecologistas, tenida en cuenta por el juez, se basa en los "riesgos a la salud de las personas" que, según el Instituto Nacional de Toxicología, provocó la delicada operación.

Aurrekoetxea Agirre será designado a propuesta de la Sociedad Vasca de Peritaciones, dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Seis meses antes, el mismo organismo dio una respuesta radicalmente opuesta al juez. Entonces, alegó que carecía de "técnicos cualificados" en la materia para realizar los análisis y se apartó del asunto. Los conservacionistas pidieron en ese instante designar a un experto -el catedrático granadino Nicolás Olea- y, ante su inminente nombramiento, el ente autonómico ha cambiado su postura.

La portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua, ve necesario implicar en el estudio a "la población que en ese periodo de tiempo vivía en un radio de 2.000 metros cuadrados" del almacén de lindane y la posterior fábrica de triclorobenceno.

De esta forma, quedarían incluidos en el plan antiguos internos y trabajadores del hospital de Cruces. "Los filtros del centro sanitario estaban contaminados", denuncia Elosua, quien apuesta por contar con el sanatorio San Eloy en los exámenes epidemiológicos.

Lur Maitea entiende "demostrada" la existencia de un delito ecológico en esta causa, en base al informe de 2006 del Instituto Nacional de Toxicología. Y considera que el inminente estudio permitirá valorar los efectos en la salud pública, así como "el alcance y grado de los daños", si los hubiera. Esta última coletilla tiene como objetivo imputar a Ihobe, en su caso, un delito de lesiones en base al artículo 147 del Código Penal. El colectivo reclama, en esta línea, la imputación de los entonces máximos responsables del organismo público: la actual consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, y el ex director vasco de Calidad Ambiental, Tomás Epalza.

En Ansio no sólo se almacenó lindane, sino que durante dos años el Ejecutivo autónomo mantuvo operativa una planta para deshacerse de los residuos. La factoría convirtió casi 5.000 toneladas del pesticida puro en triclorobenceno, un material útil en la elaboración de productos industriales. La Audiencia da por hecho, asimismo, que Ihobe vertió sustancias tóxicas al río Galindo "sin permiso alguno".

En aquella época, la entidad gestionó la retirada del lindane aparecido en otros puntos de la geografía vasca. A unos metros de los almacenes, donde ahora se levanta Max Center, emergió la sustancia. Más adelante, con las polémicas instalaciones desmanteladas, las toneladas del residuo se trasladaron a una celda de seguridad en el monte Argalario. Allí llegaron más tierras contaminadas.