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El parlamentario 'popular', a través de un comunicado, se felicitó por la decisión del Alto Tribunal y exigió "una rectificación inmediata" por parte del Gobierno vasco.

"Es una sentencia lógica que obliga a rectificar al Gobierno vasco, que desde la primera promoción de la Ertzaintza se ha opuesto a que los agentes cumplan una obligación básica para cualquier policía como es el acatamiento de la Constitución", explicó.

En su iniciativa, el representante del PP indica que el acuerdo del Gobierno vasco de 2002 declarado nulo por la sentencia "exoneraba" a los agentes de una obligación recogida en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 1/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicho artículo, que tiene carácter básico, señala que "los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado".

El grupo del PP en la Cámara vasca registró en 2002 dos preguntas y una solicitud de información dirigidas a Balza para que "aclarase la posición del Gobierno vasco contraria a cumplir la ley". El PP recordó que el consejero "respondía entonces que la incorporación a la Ertzaintza implicaba un 'acto tácito de acatamiento a un expreso mandato legal'".

Urquijo acusó al Gobierno vasco de "favorecer" que el Estado de Derecho "no se aplique en el País Vasco y que la anormalidad presida las instituciones". Como ejemplos de esta situación, citó la ausencia de banderas en edificios oficiales, la actividad pública "tolerada" a Batasuna y el resto de grupos ilegalizados y el presente caso referido a la obligación de los ertzainas de acatar la Constitución.

En su interpelación, Urquijo pide al consejero que explique "de qué manera y en qué plazo" va a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.