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La sección sexta de la Audiencia de Vizcaya aprecia la existencia de indicios de delito ecológico en las emisiones de ruidos de los aviones en el municipio de Loiu. Con este auto, firmado el 19 de septiembre, se remite el caso de nuevo al Juzgado de Instrucción de Bilbao que lo sobreseyó con anterioridad.

El expediente archivado se refería a un presunto delito ecológico denunciado por Consuelo Elosua, de la asociación ecologista Lur Maitea, quien denunció que en su casa en Loiu soportaba niveles de contaminación acústica superiores a los permitidos por la ley. La Audiencia Provincial deja ahora la puerta abierta a la investigación, al indicar que "aprecia indicios de infracción penal".

El documento insta a continuar con la instrucción del caso para tomar pruebas, medir los ruidos y determinar si perjudican a la salud. El auto muestra la sensibilidad de los magistrados en materia medioambiental y recuerda que "resulta ser un delito la emisión de ruido que contravenga las leyes protectoras del medio ambiente, con riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas".

El dictamen da importancia a que la denunciante, Elosua, aportó al juzgado un informe detallado del Laboratorio de Acústica del Departamento de Física de la Universidad Pública de Navarra, "conforme al cual los ruidos soportados en su vivienda serían superiores a los autorizados en la legislación vigente", según apunta.

La Audiencia pide estudiar la situación real y los magistrados no entienden cómo el juzgado de la capital vizcaína sobreseyó el caso, cuando "no se cuentan con los datos precisos para determinar que los hechos denunciados son penalmente irrelevantes y que no precisan investigación alguna". Los representantes de la asociación ecologista Lur Maitea se congratularon ayer tanto de la argumentación como de las conclusiones del auto de la Audiencia. Aunque el Juzgado puede desestimar de nuevo la petición, la agrupación ecologista argumentó que "la Paloma es el único aeródromo del país que carece de la obligatoria evaluación de impacto ambiental y el único que tiene un vertedero ilegal de residuos tóxicos a una media de quinientos metros de los núcleos residenciales de Bilbao y Sondika, cuando la ley obliga a situarlo a 2 kilómetros de los hogares y actividades. Todo ello está dañando nuestra salud". A continuación, Elosua apuntó que imputarán a cargos políticos tanto de Medio Ambiente del Gobierno vasco como del Ayuntamiento local, así como a responsables del aeródromo vizcaíno y de Aena. Elosúa apreció que "son cómplices, autores o encubridores de estos delitos contra el medioambiente y la salud de las personas".