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El Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer a un constructor vizcaíno acusado de emplear en su empresa a inmigrantes ilegales sin ningún contrato y sin darles de alta en la Seguridad Social. Con esta actuación son ya cuatro las intervenciones policiales en la provincia en apenas medio año por explotación a trabajadores extranjeros.

Esta vez, la Brigada de Extranjería cree haber desarticulado la tapadera que, según sus investigaciones, había tejido la empresa de albañilería y reformas Gama, ubicada en el polígono industrial de Kareaga, en Barakaldo. Las primeras sospechas llegaron en enero a través del aviso de un particular a los miembros del departamento. Tras recabar numerosos indicios de esta actuación irregular, protegerse con otras tantas evidencias y atar todos los cabos necesarios, el equipo de investigación se decidió a actuar el 5 de febrero. Y estableció un control exhaustivo para verificar la situación contractual de la totalidad de la plantilla de la compañía.

Con todas las pruebas en la mano, se identificaron a 21 personas y se detuvo a siete ciudadanos extranjeros. Estos últimos trabajaban para la citada firma sin contrato de trabajo, sin cobertura médica y sin figurar como dados de alta en la Seguridad Social. Para colmo, todos se encuentran en situación irregular en el territorio nacional.

Jornadas de 12 horas

Según pudieron comprobar los agentes, el constructor lo tenía todo organizado. Aunque su labor la desempeñaban en las distintas obras contratadas, los trabajadores salían siempre del pabellón de la empresa ocultos dentro de varias furgonetas. Su jornada laboral se prolongaba por espacio de 12 horas al día. A cambio recibían un pago en mano de 1.500 euros al mes.

R.G.M., de 32 años, ha sido acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial y, según informó la delegación del Gobierno en el País Vasco, se la aplicará la normativa que regula la contratación de trabajadores.

El abogado defensor del empresario matizó ayer que las declaraciones efectuadas por el Cuerpo Nacional de Policía, "no se ajustan a la realidad ni a los hechos que esta parte conoce". Según explicó, en la actuación lo único que existe es "un atestado policial recién abierto, sin imputación de ningún tipo". El letrado exigió a los responsables policiales que, en este caso, mantengan el "máximo respeto a los derechos constitucionales básicos que amparan a todo ciudadano".

La noticia de la detención, en cualquier caso, ha causado estupor entre los vecinos del joven, que reside en el barrio de Repélega, en Portugalete. La mayoría le tiene por un empresario emprendedor, "y sólo sabíamos que estos días no estaban en casa ni él ni su compañera".