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Un acuerdo político "justo" sobre un tema "sensible", de los que saltan de las páginas de los periódicos a las tertulias ciudadanas. Así presentaron José Luis Bilbao y Markel Olano las bases del convenio que esperan firmar en breve para tratar en Vizcaya los residuos que Guipúzcoa no puede asumir porque sus vertederos están en "situación límite". El trasvase se mantendrá hasta principios de 2013 -al ritmo de 25.000 toneladas al año- y deberá ser ratificado por las Juntas Generales, donde el debate está asegurado. "Sabemos que va a haber reacciones políticas, pero las instituciones estamos para resolver problemas, no para crearlos", zanjó Bilbao.

Los dos diputados generales invocaron la solidaridad entre territorios y su forma de entender "las responsabilidades de gobierno. Vamos a entrar en un esquema de hoy por ti y mañana por mí, en ésta y en otras cuestiones", afirmó Markel Olano. Sin precisar más ámbitos de colaboración, aseguró que estará dispuesto a prestar apoyo a Vizcaya "en las necesidades del futuro". La Diputación guipuzcoana, obligada a resolver el acuciante problema de las basuras, buscó esa misma alianza con el Ayuntamiento de Vitoria, propietario del vertedero de Gardélegui, pero su petición fue rechazada.

El gabinete de José Luis Bilbao ha apostado por facilitar el desarrollo del plan de gestión de residuos del territorio vecino, que es muy similar al de aquí y está "basado en el modelo europeo", pero arrastra un considerable retraso. El nuevo centro de gestión de residuos empezará a funcionar "a finales de 2012 o principios de 2013". Hasta entonces, las 25.000 toneladas de desperdicios que recibe el vertedero de San Marcos, que ya ha superado su vida útil, se trasladarán a Vizcaya para permitir su cierre definitivo. Los desechos voluminosos se llevarán a la planta de Ortuella y los orgánicos se repartirán entre las escombreras de Jata e Igorre. Este último recinto, por su proximidad, será probablemente el centro de referencia.

Los detalles todavía no se han concretado. "La operatividad se irá determinando en cada momento", explicó el diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga. Las mancomunidades deberán pagar 65 euros por tonelada (IVA incluido), lo mismo que los ayuntamientos vizcaínos. "No vamos a hacer negocio con la basura guipuzcoana", enfatizó Madariaga, que recordó que los vertederos vizcaínos están lejos de colmatarse. Al de Igorre le quedan casi diez años de vida útil y al de Jata, 23. En total, durante estos cuatro años se van a tratar 100.000 toneladas de basura procedentes de Guipúzcoa.