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Mantener la calma, no hablar en tono amenazante y, ante todo, solicitar apoyo policial y denunciar. El Ayuntamiento de Vitoria acaba de poner en marcha un plan para intentar frenar las amenazas y agresiones que sufren algunos de sus empleados. El documento, debatido durante meses entre los sindicatos y el Gabinete Lazcoz, explica cómo debe reaccionar un funcionario que trabaja de cara al público y que es objeto de una coacción.

El concejal de Función Pública, Joaquín Esteban, ha presentado el protocolo al resto de grupos y se mostró confiado en que se convierta "en una herramienta eficaz para asesorar y acompañar a los empleados que sufran agresiones".

En resumen, el plan ha tomado como modelo un documento elaborado por el PP durante la legislatura pasada para prevenir las amenazas que sufrían los funcionarios, sobre todo las trabajadoras sociales que tramitan las Ayudas de Emergencia Social (AES). Algunos usuarios presionaban a estas funcionarias para conseguir las subvenciones, de forma que a finales de 2006 el Ayuntamiento decidió poner vigilantes jurados en las sedes más conflictivas de los servicios sociales.

El protocolo recoge una serie de pautas tanto para las personas que pueden resultar amenazadas como para quienes observen una agresión, las cuales deberán pedir de "forma inmediata" presencia policial o realizar acciones "que mermen la agresividad o tensión".

Por su parte, lo primero que tendrá que hacer un funcionario que sufra una agresión es acudir al juzgado para interponer una denuncia, para acto seguido presentar una copia al responsable del centro, y trasladarse a los servicios de urgencia para recibir un parte de lesiones.

El texto también ofrece varias consignas para la Policía Municipal, que deberá personarse en el lugar de los hechos siempre que sea requerida su presencia "para mediar en la solución del conflicto". Una vez los agentes levanten el correspondiente atestado, tendrán que remitirlo al Juzgado junto a la denuncia, si la hubiere, del agredido.

Pero quizá lo más novedoso es que los servicios jurídicos municipales asesorarán a las personas agredidas "desde el comienzo del trámite de la imposición de la denuncia". Las agresiones serán tratadas como atentado contra la autoridad o empleado público.