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El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao ha emitido un auto recientemente en el que se pide al Seprona -la unidad de la Guardia civil especializada en investigar delitos ecológicos- que mida el ruido en los alrededores del aeropuerto de Loiu, según confirmaron ayer fuentes cercanas a Aena.

La decisión tiene una gran relevancia, ya que será la primera vez que la Policía Judicial evalúe el problema de la contaminación acústica en las cercanías de "La Paloma". Hasta ahora, todas las mediciones habían sido efectuadas por expertos universitarios o empresas contratadas por ayuntamientos, por la propia Aena o por grupos ecologistas.

El Seprona ya se ha puesto en contacto con varios de los vecinos de la zona para acceder a sus viviendas con equipos especiales. Este proceso judicial se puso en marcha la pasada primavera, después de que un particular denunciara a la dirección de Aena en Madrid y a la directora del aeropuerto de Loiu, Begoña Llarena, por un presunto delito ecológico. En un primer momento, el caso fue archivado, aunque pocos meses más tarde la Audiencia Provincial ordenó su reapertura al apreciar «indicios de delito».

Por su parte, las mismas fuentes de Aena negaron ayer que el aeropuerto de Bilbao esté incumpliendo la legislación vigente en materia medioambiental. «Al contrario -aseguraron-, ya que el aeródromo contempla algunas medidas que no serán obligatorias hasta el año 2020», afirmaron. «Tenemos nuestro propio mapa de ruidos y todos nuestros estudios han sido siempre satisfactorios», añadieron.

Éste no es el único frente que mantienen abierto los responsables de "La Paloma", ya que la asociación conservacionista Lur Maitea ha denunciado ante los tribunales a los ayuntamientos de la zona en repetidas ocasiones por no medir el ruido generado por el tráfico aéreo.

Algunas de estas querellas han prosperado, exigiendo los jueces a los consistorios de la zona, como al de Loiu o Erandio, que encarguen sendos trabajos para evaluar los niveles sonoros que provoca el trasiego de aviones. Algunos de los casos han llegado incluso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha ordenado estudiar a fondo esta problemática.