Noticias Ya.com

La decisión de Urbanismo de frenar, a instancias de los técnicos, los apartamentos tutelados previstos junto a la nueva plaza de toros, desató una monumental tormenta política en el Ayuntamiento.

La primera consecuencia: el alcalde, Alfonso Alonso, tendrá que dar explicaciones oficiales el próximo viernes en una comparecencia especial exigida tanto por el PNV como por los socialistas, y respaldada por el resto de los partidos, que todavía quieren ir más allá.

La oposición al unísono pretende que el regidor popular explique el alcance de los detalles desvelados ayer por este diario en torno a la ambiciosa operación de reforma de la manzana de la plaza de toros, el proyecto más importante en ejecución de la era Alonso. En concreto, quieren que se pronuncie sobre la pretensión de FCC y Urco Urbasa de triplicar el espacio para edificar apartamentos tutelados respecto a lo previsto en el contrato.

Este cambio -muy ventajoso económicamente para las empresas, dado el precio que han alcanzado este tipo de pisos en el mercado- fue el principal motivo esgrimido por los técnicos municipales de Urbanismo para exigir al concejal del área, el popular Jorge Ibarrondo, denegar la licencia de construcción del edificio. Este trámite -formalizado en marzo aunque había permanecido oculto hasta que ayer lo desveló este diario- fue el que sacó a la luz las pretensiones de las constructoras, que tienen recurrido el fallo municipal.

Como es conocido, el contrato para la remodelación de la manzana de la plaza de toros de Vitoria prevé que FCC y Urco Urbasa levantan y entregan gratis a la ciudad el nuevo coso multiusos, un aparcamiento subterráneo para 700 coches y una plaza pública, además de 7,3 millones de euros en metálico.

A cambio, pueden levantar y vender 98 viviendas libres de lujo, un hotel y un gran edificio de 15.000 metros destinado a apartamentos tutelados, comercios y oficinas. Todo ello les permitirá recuperar la inversión y obtener beneficios.

En la propuesta con la que FCC ganó el concurso público, se preveían 3.001 metros cuadrados para pisos para mayores. Ahora esta firma y su aliada, Urco, quieren dedicar 7.998 metros, lo que dispararía sus ingresos de unos 3,2 millones de euros a unos 28

El alcalde fue el primero en reaccionar a las revelaciones de este periódico y lo hizo con una noticia de última hora. El servicio jurídico municipal terminó justo ayer de elaborar el informe de respuesta al recurso de las empresas contra la denegación de la licencia, "y les da la razón", desveló. "Dicen que lo esgrimido por Urbanismo no es causa de denegación del permiso", avanzó el alcalde. Así que "si vuelven a pedir la licencia de obra y la acompañan de la preceptiva autorización foral para hacer apartamentos tutelados, habrá que dársela", dijo Alonso.

Pero el problema no acaba ahí. Respecto a la pretensión de las firmas de triplicar el espacio para pisos tutelados, Alonso pidió "cautela". "Hemos pedido otro informe a Contratación para que nos digan si ello cumple o no el contrato que firmamos en su día. Si lo incumple habrá que ver si se autoriza ese número de apartamentos o no, y en el primer supuesto en qué medida deberían abonar más dinero a la ciudad para restablecer el equilibrio", avanzó.

La oposición, visiblemente molesta, hizo un análisis muy diferente al realizado por el alcalde. El papel más complicado recaía posiblemente en el PSE, partido que apoyó con sus votos el desarrollo de la ambiciosa operación mientras el PNV se abstenía y EB y EA votaban en contra. "No sabemos si nos sentimos engañados o apesadumbrados por lo ocurrido", se sinceró su portavoz, Patxi Lazcoz. "El Partido Popular ha hecho una gestión poco transparente, alejada del interés público y se ha llegado a una situación intolerable. Alonso debe explicar con claridad si éste es el modelo de ciudad que defiende, donde se pueden hacer negocios especulativos y pelotazos inmobiliarios sobre la base de decisiones públicas", zanjó contundente.

"De haber sabido que esto se iba a gestionar así -remató Lazcoz-, hubiéramos aprobado los planes de otra manera. Porque la reforma de esa zona de la ciudad es necesaria, pero hubiéramos puesto más mecanismos de garantía", aseguró el portavoz del PSE, quien no descartó, de entrada, su apoyo a la comisión de investigación que se apresuró a reclamar Ezker Batua. El portavoz de la coalición de izquierdas, José Navas, fue uno de los concejales que imprimió mayor dureza a su valoración. "Esto es gravísimo. Por primera vez se ha garantizado que lo que quiere hacer FCC en la parcela de la plaza de toros no se corresponde con la oferta con la que ganó el concurso. Así lo denunciamos en su día y sólo recibimos críticas", recordó ayer.

Navas censuró que, "a pesar de la ausencia de cualquier informe técnico, PP y PSE fueron aprobando todos los planes y mirando para otro lado", lo que a su juicio ha facilitado el "pelotazo" ahora desvelado. "La especulación es de órdago y está garantizada. El Ayuntamiento se ve de nuevo inmerso en la generación de suculentas plusvalías para particulares, es algo innato en este equipo de gobierno", valoró en alusión al escándalo que se suscitó en su día por el "caso El Boulevard". Navas también atribuyó al Gabinete Alonso la responsabilidad de que el proyecto de urbanización, al que los técnicos hallaron más de 200 deficiencias, se aprobara por "silencio administrativo" sin "ninguna corrección". Por todo ello, ve motivos más que suficientes para que se constituya de inmediato una comisión de investigación.

El PNV resaltó el "premeditado ocultamiento de información" en torno a la operación llevado a cabo por el PP, al tiempo que censuró el "desmesurado afán de lucro" de las empresas implicadas, "consentido por el gobierno municipal y por quienes votaron a favor del plan", dijo Mikel Martínez en clara referencia a los socialistas. Los nacionalistas dieron por hecho que "habrá que pedir responsabilidades políticas" por los hechos. Algo en lo que coincidió con Antxon Belakortu, de EA. "Ha sido un timo, un expolio por el que hay que pedir responsabilidades", resumió.