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La planta de fragmentación de vehículos Fragnor, ubicada en Amorebieta, tendrá que suspender su actividad a menos de que cumpla la normativa y unos mínimos medioambientales. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Bilbao y dada a conocer ayer en pleno, resuelve un conflicto que se remonta a más de dos décadas. La empresa, que llega a reconocer la existencia de explosiones por una inadecuada descontaminación de los vehículos, ha recurrido el fallo judicial, por lo que éste no podrá aplicarse hasta que se ratifique.

En representación de los tres centenares de vecinos del barrio de Euba que vienen soportando estos continuos ruidos, el Ayuntamiento denunció el pasado año el incumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno vasco a la empresa para reducir la afección de su actividad al medio ambiente.

El juez ha dado la razón al Consistorio, que en su alegato denunció el ruido que generan las detonaciones de los vehículos en su proceso de fragmentación. Estas explosiones son consecuencia del incumplimiento de la condición impuesta por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco que obliga a los vehículos tratados al final de su vida útil a no contener "líquidos y componentes peligrosos". "A la empresa se le tiene que exigir que para proceder con su actividad tiene que tener unos certificados de descontaminación de los vehículos que entren en origen para su posterior fragmentación y venta como planchas de metal", apuntó Latxaga.

La sentencia también refleja que la maquinaria que la empresa utiliza para triturar los vehículos carece de una instalación de captación de polvo que evitara que las emisiones a la atmósfera se sitúen por debajo del límite autorizado de 150 mg/nm3. El Consistorio también denunció el lanzamiento ocasional de proyectiles a la carretera y vía pública y "la falta de espacio vital tanto para la actividad industrial como para las accesorias".

Los hechos se remontan al incendio acaecido el pasado 27 de agosto de 2006 cuando alrededor de las siete de la mañana quedó carbonizada una montaña de 7.000 toneladas de chatarra situada en el extremo derecho de esta planta de 20.000 metros cuadrados. Las continuas explosiones y el hecho de que no se tratara de un incendio aislado -cerca de dos décadas atrás ya se produjo otro siniestro parecido-, motivó una aceleración de las negociaciones entre la empresa y el Ayuntamiento. Este último, decretó el pasado 28 de febrero de 2007, seis meses más tarde del aparatoso incendio, el cierre de la empresa en tanto que no cumpliera con la normativa ambiental. Acto seguido se produjo una suspensión del decreto por parte de la Judicatura puesto que entendía que "había una actividad económica en marcha", recordó David Latxaga que insistió en el interés Consistorial de primar el derecho a oponerse al incumplimiento "fragante" de la normativa medioambiental cerca de tres décadas. "Ha sido una buena noticia y esperamos que se ratifique", apuntó el alcalde en referencia a la sentencia.