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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a la Diputación en el pleito que mantenía con nueve educadores de menores inmigrantes que se quedaron sin trabajo al no conseguir plaza en una oposición. Los afectados presentaron una demanda por despido improcedente y, en primera instancia, seis de ellos obtuvieron una sentencia favorable porque sus contratos se habían hecho de forma irregular. Sin embargo, en la revisión de los casos ha prevalecido el resultado de la Oferta Pública de Empleo (OPE), "el procedimiento reglamentario de selección".

Estos jóvenes fueron contratados en 2001, en la etapa más dura del centro de menores inmigrantes de Orduña. Los educadores que estaban en las listas se negaron a cubrir esos puestos y el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) formó un equipo de quince personas con contratos de fin de obra o servicio. Había chicos muy conflictivos que provocaban incidentes e impedían la labor educativa. La tensión fue a más hasta que en 2004 el colegio quedó destrozado tras una batalla campal y cerró. El edificio ha sido reconvertido en una residencia para discapacitados.

Los profesionales fueron trasladados a pisos de acogida donde pudieron trabajar sin problemas, pero sin que cambiara su contrato. En 2006 se presentaron a una oposición en la que salieron 36 plazas de educadores de menores y sólo uno aprobó el examen. Al resto se les comunicó por carta el fin de su contrato en junio de 2007, una vez que sus plazas fueron adjudicadas a los trabajadores que habían superado la prueba.

Nueve de los afectados, tres de origen árabe, presentaron demandas por despido improcedente. Argumentaron que no eran conscientes de que en la oposición se jugaban su puesto de trabajo porque sus contratos "no tenían número de plaza". A seis de ellos les dieron la razón en el juzgado al constatar que efectivamente los documentos "no estaban adscritos a un puesto determinado" ni se modificaron pese a los traslados de uno a otro centro. Por ello, se celebraron "en fraude de ley" y se convirtieron en indefinidos.

Estas sentencias condenaron a la Diputación a readmitir a los trabajadores o a indemnizarles con 35.359 euros más los salarios dejados de percibir. En cambio, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han tenido más peso los argumentos de los tres magistrados que se pronunciaron a favor del IFAS. Aunque reconocen las irregularidades y el "fraude de ley" de los contratos, sostienen que eso no da derecho a los afectados a ocupar un puesto fijo en la plantilla de la Administración sin haber superado los procedimientos de selección.

Las ocho sentencias que se han dictado hasta ahora comparten planteamientos similares. La relación laboral indefinida perdura "hasta su cobertura reglamentaria, lo que constituye causa lícita para su extinción". No se trata, por tanto, de un despido sino "de un cese ajustado a Derecho". El abogado de los educadores ha anunciado que pedirá indemnizaciones "por los contratos irregulares" y lamenta que se conceda a la Administración "una especie de patente de corso". La Diputación ha elogiado la labor "encomiable" de estos profesionales en momentos difíciles, pero defiende "la legitimidad de la convocatoria pública".