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La política de personal de la Diputación ha vuelto a chocar contra los tribunales, y en esta ocasión tendrá que cambiar de rumbo. El Gobierno foral se replantea por primera vez la libre designación de los jefes de servicio, los funcionarios de más alto rango, en cumplimiento de las sentencias desfavorables del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Supremo. Los jueces han advertido reiteradamente de que se abusa de la elección "a dedo" de estos responsables frente al concurso de méritos, que debe ser el procedimiento habitual. El último varapalo ha supuesto la anulación de un centenar de puestos de trabajo de la relación aprobada en el año 2000.

La historia se repite. Este acuerdo de la Diputación, su principal instrumento organizativo de la política de personal, ha corrido la misma suerte que el de 1993. Lo llevaron a los tribunales funcionarios que se sentían agraviados por los nombramientos y, en ambos casos, les dieron la razón. Primero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, después, el Supremo. En enero de este año, ratificó la sentencia que anuló la adjudicación de 36 jefaturas de servicio y otros altos cargos en 1993. En julio rechazó el recurso de casación que presentó el Gobierno foral para salvar la relación de puestos del año 2000, lo que tendrá mayor repercusión.

En este caso el acuerdo afecta a más de setenta jefaturas de servicio, desde Montes hasta Tesorería -en total hay un centenar- y a los letrados de la asesoría jurídica de la Presidencia. La sentencia del Tribunal Superior, dictada en 2003, ya es firme y el Consejo de Gobierno foral aprobó ayer mismo su ejecución. Esto no supone que los funcionarios vayan a perder sus puestos de forma inmediata, aunque sí podrá traducirse más adelante en el relevo de muchos de ellos.

El Gobierno foral ha decidido revisar una por una todas las jefaturas de servicio para determinar cuáles conllevan una "especial responsabilidad". Este es el criterio que justifica la libre designación de un alto cargo, según la Ley de la Función Pública Vasca. Así lo han explicado también los tribunales, que consideran que la Administración sólo puede saltarse el procedimiento habitual "por vía de excepción".

La Diputación, en cambio, ha cubierto las jefaturas "a dedo" -siempre entre funcionarios del nivel exigido para el cargo- por sistema con argumentos como éste: "la conexión dinámica y aptitudinal" de los profesionales "con los proyectos, programas y objetivos" de su departamento. Los jueces han rechazado con la misma insistencia sus explicaciones, con "cláusulas estereotipadas" y "en términos tan vagos" que pueden aplicarse de forma generalizada.

"No queremos entrar en un círculo vicioso", afirma el director de Función Pública, César González de Heredia. "No podemos esperar a que se apruebe la nueva Ley de Función Pública Vasca". Además de anular parcialmente la relación aprobada en el año 2000, "que ya ha sufrido modificaciones", la Diputación va a definir "con criterios homogéneos" el concepto de especial responsabilidad. Algo que puede ir ligado, por ejemplo, a los departamentos que manejan información sensible como Hacienda, y que habrá que justificar de forma convincente.

La nueva relación de puestos de trabajo se redactará "a lo largo de 2008". Mientras tanto, los jefes de servicio seguirán en sus puestos, ya que, según la interpretación de los responsables forales, "los actos administrativos de nombramiento no han sido recurridos". Cuando finalice el proceso, es probable que muchos de ellos tengan que presentarse a un concurso.

Este instrumento servirá también para desbloquear el nombramiento de jefes de servicio, que está "congelado" desde enero. A raíz de la sentencia del Supremo sobre el pleito de 1993, la Diputación decidió cubrir estos puestos en comisión de servicios -de manera provisional- para evitar nuevos litigios. El conflicto judicial sobre la libre designación de funcionarios tiene un largo recorrido en Vizcaya -se han anulado aspectos esenciales de todas las relaciones de puestos de trabajo de 1990- pero no es exclusivo del territorio, destaca el director de Función Pública. "Se han dictado sentencias similares en la Diputación de Álava, la de Toledo, el Parlamento de Canarias, la Xunta de Galicia e incluso en la Agencia Estatal Tributaria", asegura.