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La renta básica llega a 21.823 hogares vizcaínos, lo que supone que ayuda a llegar a fin de mes a más de 45.000 personas. La radiografía de esta prestación ofrece un perfil bastante definido y algunos datos esperanzadores sobre la rotación de los beneficiarios que salen del círculo asistencial. Sin embargo, los casos de fraude que se destapan con las revisiones anuales han aumentado de forma significativa.

En 2007 se revisaron 5.075 expedientes, según los datos facilitados ayer por el Departamento foral de Acción Social. En el 46 por ciento se detectó algún tipo de irregularidad, frente al 30 por ciento que salió a relucir en el anterior ejercicio. Hubo 1.244 cobros indebidos o en cuantía indebida porque los perceptores contaban con ingresos superiores a los declarados o habían cambiado sus circunstancias familiares. En la mayoría de los casos se trata de «pequeños importes», aseguran los responsables forales. Por ello, lo habitual no es anular las ayudas, sino hacer «ajustes». En cambio, 1.121 expedientes sí se han suspendido de forma cautelar por no comparecer o no aportar la documentación solicitada.

Los cobros indebidos y la «cronificación» de las ayudas son los aspectos más preocupantes del programa, gestionado y controlado por la Diputación con fondos del Gobierno vasco. El diputado Juan María Aburto, sin embargo, hizo hincapié en su vocación de «tránsito hacia la inserción social», algo que también avalan algunos datos. 9.300 personas han salido del circuito antes de los 16 meses porque ya pueden mantener a su familia con sus propios medios.

La mitad de los hogares a los que llega la renta básica están formados por una sola persona. De hecho, el perfil del beneficiario se corresponde con el de una mujer sola de entre 25 y 44 años, aunque hay matices significativos. El primero es el de la edad. El 13 por ciento de los perceptores tienen más de 65 años, un dato revelador de la situación en la que viven muchas viudas. También es destacable que uno de cada tres es inmigrante.

Esta prestación tiene un carácter subsidiario y garantiza un mínimo de recursos a las unidades familiares. Lo que se abona es la diferencia con los ingresos que se acreditan. La Diputación, por su parte, otorga un complemento a las más de 11.000 familias que no alcanzan el salario mínimo con lo que les paga el Gobierno vasco.

La renta básica, en cualquier caso, es un umbral al que no llegan todos los ciudadanos. Hace falta tener 23 años y llevar al menos un año empadronado en Euskadi. Las ayudas especiales para la inserción son más flexibles, ya que basta ser mayor de edad y demostrar seis meses de empadronamiento. Las de carácter individual, de 162 euros al mes, se concedieron a 940 personas el año pasado, y de las familiares, de hasta 402 euros, se pagaron 1.346.

La lucha contra la exclusión incluye servicios que no se cuentan en euros, como los centros residenciales, con 286 plazas, y los de incorporación social, que en el último año se han reforzado de forma significativa. La oferta de plazas ha pasado de 267 a 433. Otras 3.769 personas se beneficiaron en 2007 de diferentes programas asistenciales, como los dirigidos a los drogodependientes. Aquí reside también el último eslabón de la integración de los menores inmigrantes: el proyecto Mundutik Mundura para los que han cumplido 18 años, con una red de viviendas supervisadas por educadores. El año pasado 151 jóvenes utilizaron este trampolín para su emancipación.