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¿Que el vecino de arriba deja abierto el grifo e inunda la viviendas de abajo? ¿Que la inquilina del segundo se queja a todas horas aunque de forma injustificada del volumen del televisor del piso de arriba? Durante casi veinte años, la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya constituyó un poderoso aparato y ayudó a cientos de miles de ciudadanos a resolver los problemas relacionados con la actividad de sus inmuebles sin necesidad de contratar los servicios de un abogado, o bien para evitarles acabar en los tribunales. Abogó por la política de la conciliación para resolver los litigios.

Mediante la aportación de una cuota de diez euros mensuales, este gabinete jurídico y técnico integrado por una abultada nómina de abogados y arquitectos abordó un sinfín de asuntos que suelen suscitarse en «casi todas las comunidades de propietarios». La Cámara de Vizcaya se convirtió en la más «importante e influyente» de España, a juicio del letrado José Miguel Alonso Sanz. Superó los 200.000 asociados.

Sin embargo, un decreto del Gobierno vasco liquidó este organismo. Con Javier Madrazo al frente, la Administración autonómica acordó la extinción de estas cámaras y abrió todo tipo de grietas territoriales e institucionales. Firmes partidarias de su continuidad, las Juntas Generales de Vizcaya exigieron explicaciones al Ejecutivo y denunciaron la desaparición de un ente «plenamente solvente en medios económicos, materiales y personales» y que contaba con un amplísimo «respaldo social». Solicitaron, sin éxito, que se garantizase la prestación de «la totalidad» de sus servicios.

En cierta forma, la ahora denominada Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas-Cámara Urbana de Bizkaia ha tomado el relevo. Trabajará con los mismos fines: la protección y defensa de la propiedad urbana o de su uso y el fomento de la «convivencia pacífica» en las comunidades, además de mediar en los conflictos entre propietarios e inquilinos.

Asesorará a los usuarios sobre cuestiones jurídicas, administrativas, urbanísticas, tributarias y técnicas. Realizará, por ejemplo, informes sobre el estado de las viviendas, ayudará a redactar modelos de contrato de alquiler y a solventar cuestiones tan espinosas como la revisión y actualización de rentas. También auspiciará el desarrollo de gestiones extrajudiciales con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de arrendatarios y propietarios.

Porque aquí radica una de las peculiaridades de esta asociación. A diferencia de la anterior cámara, el nuevo servicio amplía su oferta y no se limitará exclusivamente a defender los intereses de los propietarios. «Podrán darse de alta -explicó Alonso Sanz, vicepresidente de esta organización- todos los usuarios que lo deseen, aunque no sean dueños». Una cuota anual de 30 euros asegura ya un asesoramiento «personalizado» a más de 10.000 vizcaínos. La asociación cuenta con sedes en Bilbao y Durango, pero su intención es abrir otras en Getxo y Gernika.