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La Diputación adaptará en los próximos cuatro años varios de sus centros de acogida de menores para cumplir con el decreto aprobado el pasado martes por Gobierno vasco con el objetivo de regular las características y el funcionamiento de estas residencias en Euskadi. No se tratará, en ningún caso, de reformas importantes. Fuentes del Departamento de Acción Social aseguraron ayer a este periódico que la "gran mayoría" de los equipamientos forales cumplen con las directrices establecidas por el Ejecutivo de Vitoria. Destinadas a favorecer la "plena integración social" de los menores asistidos, esta normas podrían afectar en principio a sólo un puñado de las 49 instalaciones vizcaínas.

La nueva regulación aprobada por el Gobierno vasco ha contado con la participación de las tres diputaciones, que son las encargadas de gestionar estos centros. El decreto, según fuentes forales consultadas, incluye una serie de excepciones que proporcionan cobertura legal a la gran mayoría de los centros vizcaínos, que atienden a casi 700 personas. Por este motivo, el Departamento que dirige Juan María Aburto no contempla "mayores problemas" con una normativa que entrará en vigor en breve y que establece un plazo de adaptación de cuatro años.

El decreto pretende conseguir hogares de acogida de menor tamaño, menos masificados y con más educadores. Persigue asimismo que las residencias se ubiquen en núcleos urbanos, próximas a los centros educativos, y que ninguna de ellas albergue a más de 30 personas. Es en este punto, precisamente, donde algunos equipamientos de la Diputación podrían tener algunas dificultades para adaptarse a la norma.

Aunque todavía no se ha realizado un análisis detallado de cómo afectará esta normativa a los equipamientos de la red foral de menores, fuentes de Acción Social mantienen que el centro de El Garmo, en Arcentales, podría ser "uno de los pocas" instalaciones afectadas, ya que está situado en pleno monte. "Quizá tendremos que buscar un nuevo emplazamiento", subrayan. No es el único caso. La residencia de Loiu es, por su gran tamaño, otra de las infraestructuras que podrían estar sujetas a modificaciones.

Sin embargo, hogares como el de Amorebieta -proyectado como un centro de primera acogida de menores y que tiene capacidad para unas 50 personas- parecen encajar en la actual normativa. En este sentido, el decreto "diferencia" entre las residencias de trato personalizado y los centros en los que se recibe a los jóvenes recién llegados al territorio, para los que se establecen excepciones.