Noticias Ya.com

El acuerdo institucional sobre el futuro de Pasajes se resiste. La falta de consenso se hizo ayer de nuevo patente en la última reunión mantenida entre la Diputación y los ayuntamientos de la bahía (Pasaia, Lezo, Errenteria y San Sebastián). El motivo del encuentro, la aprobación del plan especial para el puerto, que recoge la reordenación de La Herrera, quedó sobre la mesa y sigue esperando el empujón administrativo para convertir la promesa de la regeneración en una realidad. La sociedad pública Jaizkibia (en la que están representados el Gobierno Vasco, la Diputación foral, la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de la bahía) retomará hoy el asunto para intentar desatascar el tira y afloja institucional.

Sin la aprobación del documento no pueden arrancar los proyectos para La Herrera, el solar frente a Trintxerpe ocupado por pabellones industriales que serán derribados. La fecha que se suponía definitiva para dar luz verde al proyecto volvió a reproducir una situación que se arrastra desde hace varios meses: la falta de sintonía municipal en torno a la que promete ser la mayor regeneración urbana de Gipuzkoa.

Las partes se habían dado dos semanas para limar asperezas. A lo largo de estos quince últimos días, se han sucedido reuniones para cerrar un calendario con plazos concretos, avanzar "definitivamente" con la regeneración prometida, definir una metodología de actuación y unas "condiciones de entorno", en las que quedaran claras las competencias de cada institución a la hora de acometer el proyecto.

Sin embargo, nada ha fructificado, según informaron fuentes oficiales. Sí se acordó una nueva cita hoy por la mañana, antes del encuentro que mantendrá la sociedad pública Jaizkibia, para sacar adelante el estudio medioambiental, también necesario para la regeneración de los terrenos. La propuesta que lanza ahora la Diputación a los ayuntamientos implica a Jaizkibia, que se encargará de la elaboración del citado informe. En ese impasse, que podría prolongarse durante un mes y medio, proseguirían las negociaciones sobre el plan especial portuario. En abril, como pronto, los ayuntamientos volverían a tener en sus manos el documento en cuestión, que debe ser aprobado por los consistorios. Los municipios podrán hacer aportaciones.

El tira y afloja institucional tiene un notable perjudicado: el proyecto para la transformación de La Herrera, que ha estado salpicado de obstáculos desde los inicios de su tramitación. Primero fueron los propietarios de los pabellones quienes pusieron trabas para trasladarse a las nuevas instalaciones de Navalaldea, construidas en Pasai Donibane. La Diputación llegó a un acuerdo con las empresas a principios de este año y se comprometió a financiar el acondicionamiento de los nuevos locales. La compensación por el traslado forzoso ha supuesto alrededor de 1,2 millones de euros.

Resuelta la liberación del solar, quedaba pendiente el escollo más problemático, el urbanístico, donde la Diputación y los ayuntamientos mantienen diferencias irreconciliables. La Administración foral ha advertido en más de una ocasión de que si los ayuntamientos no aprueban el plan de desarrollo urbanístico, aplicará su "competencia" para sacar adelante el proyecto, cuyos usos futuros están por definir. La herramienta legal se llama "plan de compatibilización", y está contemplada por la Ley del Suelo para que un documento sea aprobado por el municipio correspondiente o en defecto de acuerdo, por la administración foral o autonómica.

"No puede haber más demoras", ha insistido la diputada de Movilidad y Ordenación del territorio, Arantza Tapia, quien quiere agotar las posibilidades de consenso antes de tomar las riendas de la aprobación del plan.

El alcalde de Errenteria, Juan Carlos Merino (PSE-EE), reiteró ayer la voluntad de su consistorio para desatascar los trámites administrativos, pero también admitió que "está costando mucho". "La reunión ha evidenciado que vamos muy poco a poco. Estamos intentando lograr el acuerdo. Pero no se puede esperar más tiempo", dijo Merino. El primer edil explicó que se han intentado analizar diferentes alternativas para mitigar las posiciones contrapuestas en torno al plan del puerto y que ahora confían que en el seno de Jaizkibia se puedan llegar a acuerdos. Aunque insiste en que "sin el plan portuario aprobado por los ayuntamientos, no se puede hacer nada".

El Ayuntamiento de Pasaia juega un papel clave. Además de su oposición frontal al plan, el consistorio utiliza en la actualidad varios pabellones en La Herrera, que ocupan una superficie total de 5.211 metros cuadrados, así como otro pabellón de 2.178 metros cuadrados. La Autoridad Portuaria ya le ha reclamado por escrito que libere esos locales para proseguir con los proyectos de derribo.

Según el calendario que presentó hace varios meses el diputado general, Markel Olano, el traslado de todas las empresas se hará efectivo en verano. Se iniciará entonces una fase previa a la "reconstrucción" de los 70.000 metros cuadrados de La Herrera, lo que requerirá de una inversión de 1,6 millones para estudios ambientales y de descontaminación de suelos, entre otros.