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Pese al "calvario" de los 18 escalones que la separan del portal, Alejandra Estévez sale a la calle casi todos los días en su silla de ruedas. A sus 94 años, vive con su hija y su yerno en un piso de 45 metros cuadrados donde ellos tres se sienten cómodos. El pasado verano la llevaron a una residencia para pasar un mes, pero a los diez días fueron a buscarla porque "se deprimía muchísimo". Hace años que le reconocieron un 69,7 por ciento de discapacidad y ahora es lo que la ley denomina una gran dependiente. Su hija Iciar fue una de las primeras vizcaínas en solicitar las ayudas a los cuidadores y también una de las víctimas del atasco burocrático.

La ley echó a andar el 20 de abril de 2007 con el decreto que regula el sistema de valoración, y la familia de Alejandra Estévez presentó su petición a finales de mayo. "Los médicos vinieron pronto a casa y fueron muy amables y eficientes", dicen. Pero después el proceso "se estancó" y pasaron varios meses sin noticias. Hasta febrero no empezaron a cobrar la ayuda para los cuidadores. Como tiene carácter retroactivo, están pendientes de que les ingresen los atrasos con la ilusión de comprar una silla "más cómoda, porque la que tenemos es del ochenta y tantos".

El suyo es uno de los 15.630 expedientes que se acumulan en el Departamento de Acción Social: 5.000 se han abierto de oficio para valorar con los nuevos criterios a personas que ya están atendidas en residencias y centros de día y 10.000 encarnan la demanda que ha aflorado con la Ley de Dependencia. Entre estos últimos, sólo el 28 por ciento ha llegado a la meta de la larga tramitación administrativa y tiene asignado un servicio.

"Estamos mal, no lo voy a ocultar, pero esta situación la vamos a superar sin ninguna duda", afirma el diputado Juan María Aburto. "Hoy ya he firmado 150 altas de valoración, ayer trescientas y pico", enumera. La avalancha es tan grande que, aunque en el primer trimestre de 2008 se ha acelerado el ritmo de trabajo -las ayudas económicas se han duplicado- todavía no se ha podido eliminar la cola que se arrastra desde el año pasado. Y es que las solicitudes siguen llegando a la misma velocidad, algo más de mil al mes.

En los pasillos del departamento se cruzan dos caravanas de ciudadanos. El 60 por ciento de los nuevos demandantes ya han sido valorados, pero faltan 4.500 personas. Y hay otras 3.000 que, una vez pasado el examen médico, están en lista de espera para que les concedan los servicios. Para ello se debe elaborar el Plan Individual de Atención (PIA), que incluye un trámite de audiencia a la familia. Ahora lo tienen 2.950 personas y hay un millar de familias cobrando las ayudas económicas para los cuidadores, la prestación más demandada.

La gran mayoría de las personas que están en lista de espera recibirán algún servicio, incluso aunque no cumplan los requisitos de la Ley de Dependencia. La Diputación aplica también su propio baremo, menos estricto, para "repescar" a un mayor número de beneficiarios. De esta forma, aunque no cobren las ayudas, pueden acceder a residencias, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio.

Juan María Aburto confía en ponerse al día en un plazo razonable. "Mes a mes, tenemos que dar un vuelco y para el verano debemos cerrar los casos pendientes de 2007", enfatiza. En medio del atraso generalizado -Álava y Guipúzcoa han avanzado más en las valoraciones, pero han concedido menos servicios- los datos del primer trimestre de este año le parecen alentadores: 2.000 personas han pasado el examen médico y 1.350 han empezado a disfrutar de las prestaciones.

Para avanzar más deprisa se ha reforzado el personal con otras 25 trabajadoras sociales que se incorporaron antes de Semana Santa. Entre todas pueden sacar adelante "125 planes de atención al día", dice. "La gente está presionada". El diputado ha dado "instrucciones" a los servicios sociales de base para tratar de agilizar el procedimiento. Las familias que tengan claro qué servicio desean -por ejemplo, una plaza residencial- podrán solicitarlo directamente desde el principio, con lo que se evitaría realizar los trámites del plan individual de atención y se podrían ganar "unos dos meses".

Aunque el atasco tarda en disiparse, el diputado defiende la labor de los servicios sociales de base, que califica de "encomiable. No pierden de vista que detrás de cada solicitud hay una familia con necesidad, y algunas lo están pasando muy mal", asegura. Como la de María Jesús Zornoza, que cuida junto a sus hermanos de su madre enferma de Alzheimer. Ella solicitó la ayuda en junio de 2007 y hasta febrero no la valoraron como gran dependiente. "Me armé de paciencia, porque creo que la ley les ha pillado desprevenidos", dice. "Sólo en Vizcaya hay 16.000 enfermos de Alzheimer". Ahora está a la espera de recibir "la última carta" para cobrar la ayuda económica, con la que contratarán más ayuda a domicilio. Con todos sus defectos, la ley le parece "muy importante". Cuando su madre enfermó, hace doce años, "no contábamos con nada. Había muy pocas residencias y en muchos sitios no admitían a los pacientes. Todavía se necesita avanzar muchísimo, pero al menos ya no estamos solos ante esta enfermedad tan triste, tan desoladora".