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El Ayuntamiento de Vitoria ha realizado hoy el sorteo de 708 pisos de protección oficial que se construyen en el sector 1 de Zabalgana entre un total de 8.282 vitorianos. La cifra supone una media de casi doce candidatos para cada una de las viviendas. En concreto, 11,86 por cada casa, si se descuentan las diez que quedarán excluidas por estar reservadas para atender las necesidades de diferentes programas sociales o realojos. En esta ocasión, el Ayuntamiento no ha excluido de antemano a aquellos aspirantes que no cumplen los baremos económicos exigidos en las bases del sorteo. "Una vez sorteadas las viviendas, se revisará si los 708 adjudicatarios cumplen los requisitos de ingreso y si, por tanto, son acreedores de ese piso", expone el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso.

El teniente de alcalde socialista explica que, de esta manera, "se facilita el proceso" ya que, apuntó, la situación económica de los aspirantes puede variar desde el momento de su ingreso en las listas de Etxebide hasta la fecha del sorteo.

En un principio, la rifa iba a tener lugar en abril, pero el Ayuntamiento la aplazó hasta el 23 de mayo. Entonces, tuvo que ser pospuesta de nuevo a instancias del Defensor del Pueblo Vasco, Íñigo Lamarca. Con este aplazamiento, el Ararteko pretendía ampliar el plazo de alegaciones de aspirantes legítimos a la adjudicación de un piso que se quedaron excluidos "por un error de transcripción", en palabras del alcalde, Patxi Lazcoz.

El Ayuntamiento abrió entonces un periodo para formular quejas. De las 42 personas que reclamaron en Etxebide y en Ensanche 21, sólo ocho reunían los requisitos. El resto, o no acreditaron la antigüedad exigida, figuraban ya como admitidos en las listas o ya habían resultado adjudicatarios de pisos en sorteos anteriores.

De otro lado, el consejo de Ensanche 21 -la sociedad municipal encargada de impulsar los grandes proyectos de la ciudad- aprobó ayer un convenio de colaboración con la Fundación Laboral San Prudencio para la promoción de 84 viviendas en el sector 12 de Salburua.

Gracias a este acuerdo, el Gabinete Lazcoz vuelve a ceder parte de su suelo para viviendas protegidas a las cooperativas después de un paréntesis de un año. Pero lo hace con condiciones más duras. Anula el sistema de concurso, porque así se lo permite la Ley vasca del Suelo, acota los gastos de gestión en un 7,5% y garantiza que, en ningún caso, los cooperativistas pagarán "ni un euro más" del precio límite de las VPO. El acuerdo alcanzado con la Fundación Laboral San Prudencio podrá formalizarse en un futuro con otras fundaciones sin ánimo de lucro, "cuya solvencia permita garantizar un resultado óptimo", en palabras de Juan Carlos Alonso.

Las dudas sobre la carencia real de ánimo de lucro de algunas de las 34 cooperativas que han conseguido hasta ahora solares municipales -en concreto las ocho que edifican las torres de Mariturri- desembocaron, el 13 de marzo de 2007, en un acuerdo municipal de paralización de los concursos de cesión de los terrenos para estos colectivos. La decisión llegó después de que los jóvenes que lograron hacerse socios, por medio de sorteo, de algunas de las promotoras sociales de Mariturri denunciaron a mediados de 2006 que éstas les cobraban 210.000 euros por los hogares, 100.000 más que el precio máximo de la VPO.