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La polémica tramitación realizada por el Ayuntamiento en la reforma de la manzana de la plaza de toros vive un nuevo capítulo. La intención de las empresas de construir más apartamentos tutelados de los previstos provocó que la oposición denunciara "irregularidades" el año pasado, hasta el punto de que esas críticas estuvieron a punto de acabar en una comisión de investigación que no salió adelante por el voto en contra del PSE.

Pese a ello, los vecinos que residen junto a la parcela llevaron la actuación urbanística a los tribunales tras denunciar que los nuevos bloques de viviendas deberían estar más lejos de lo previsto porque les restarían sol y vistas.

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 acaba de ratificar el auto que emitió en enero por el que ordenaba la "suspensión cautelar" del proyecto de urbanización de la manzana, tal y como le solicitaron los residentes. Esto significaba que las máquinas de las empresas FCC y Urco Urbasa deberían esperar para preparar las nuevas calles y parcelas sobre las que se levantarán los futuros edificios.

El juez aseguró entonces que para lograr su plácet sería necesario subsanar las 270 deficiencias que los técnicos municipales de Vía Pública encontraron en el proyecto de urbanización. Además, exigió que se realizara "un estudio arqueológico previo" en la zona.

En respuesta a este auto, que provocó la "sorpresa" del Departamento municipal de Urbanismo, las constructoras FCC y Urco Urbasa presentaron ante el juzgado un informe arqueológico y reclamaron que se levantara la suspensión cautelar de la urbanización. Tras unos meses de espera, la respuesta ha sido negativa.

El magistrado ha desestimado la solicitud de las empresas porque, según especifica, no es posible garantizar que las obras de urbanización no produzcan "daños irreversibles a yacimientos arqueológicos" que puedan existir en la manzana. Esas medidas de precaución, cita, "están muy lejos de encontrarse agotadas".

Derribo

Lo cierto es que los arqueólogos hace tiempo que trabajaron en la parcela, aunque no han concluido aún sus labores. Un equipo realizó catas en el subsuelo de la vieja plaza de toros a principios de año. Los expertos no encontraron ningún resto relevante, pero necesitaban que el coso fuera demolido para seguir con sus análisis. Por ello, el 21 de mayo arrancó el derribo del ruedo, una labor que todavía no ha concluido.

Los vecinos mostraron ayer su "satisfacción" por el auto judicial. "Nos han vuelto a dar la razón, pero sabemos que esta nueva orden ha recibido una petición de aclaración con el fin de alargar más el proceso", afirmó la portavoz de los residentes, Rosa Núñez. Las comunidades interpretan ahora que FCC "también debe parar el derribo de la plaza de toros". Además, aunque el Ayuntamiento alejó los futuros pisos de sus viviendas para zanjar el conflicto, los afectados creen que esa distancia "debe aumentarse".