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Hay pocos servicios tan sensibles como las residencias para personas mayores, que cada año se someten a inspecciones para evaluar la calidad asistencial y comprobar su situación administrativa. Los exámenes realizados en 2007 no han destapado casos graves, según ha informado la Diputación, aunque sí decenas de incumplimientos de la normativa. En el 16 por ciento de los centros inspeccionados de oficio se ha detectado algún tipo de irregularidad, un porcentaje que se eleva al 40 por ciento entre los expedientes que se abren a raíz de una denuncia. En total, se han encontrado fallos en 38 de los alrededor de 200 geriátricos que hay en el territorio. Uno de ellos ha sido clausurado porque funcionaba de forma ilegal.

El centro "pirata" salió a la luz por una denuncia, una vía bastante habitual. Se trata de una vivienda comunitaria -con un máximo de catorce plazas- situada en Bilbao que carecía de los permisos necesarios, por lo que los residentes han sido trasladados a otras instalaciones. La existencia de centros ilegales no es nueva, aunque este tipo de actuaciones se han reducido en los últimos años. En 2003 fueron cuatro los geriátricos cerrados.

El Departamento de Acción Social abrió 27 expedientes el pasado ejercicio por denuncias de usuarios y familiares, que disponen de una línea de teléfono para expresar sus quejas (900 22 00 02). De los 22 expedientes cerrados -los datos abarcan hasta diciembre- los inspectores creen que hay nueve reclamaciones justificadas. Además del centro que funcionaba sin licencia, se ha encontrado algún caso en el que se impedían las visitas a determinados familiares, se usaban sujeciones sin prescripción médica o no se prestaban todos los cuidados necesarios, sin que estos fallos "afectaran gravemente al bienestar de los usuarios".

Entre las inspecciones de oficio, alrededor de un centenar, la falta más frecuente tiene que ver con la alimentación. No porque la comida sea escasa o de mala calidad, sino por incumplir la obligación de ofrecer dos menús alternativos. Este es el motivo de nueve de los 18 incumplimientos de la normativa que han anotado los inspectores. Fuentes sindicales apuntaron que hay menos variedad en los centros privados, ya que "algunos no tienen cocina propia y recurren a servicios de catering". En la residencia pública de Gallarta, por ejemplo, ayer se podía elegir entre lentejas o sopa, cabracho al horno o filete de merluza a la romana y arroz con leche casero o fruta. En los centros de día, que salen bien parados porque sólo el 7 por ciento presenta algún fallo, el más común es precisamente la falta de opciones en los menús.

Otras irregularidades en residencias se refieren a problemas de mantenimiento, exceso de usuarios o falta de contratos. En las viviendas comunitarias, donde habitualmente se camuflan más infracciones por su reducido tamaño, se ha reducido de forma significativa el número de deficiencias. De las 30 que se encontraron el año pasado se ha pasado a 11, sobre un total de 65 inspecciones finalizadas. Destaca la ausencia de los timbres de llamada para que los residentes avisen si necesitan algo y la falta de contratos, aunque también hay problemas de mantenimiento. Algunos fallos se resuelven sin sanciones, pero en función de la gravedad de la infracción se imponen multas de hasta 60.000 euros.