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Las investigaciones abiertas por un supuesto intento de soborno en el Ayuntamiento de Laguardia por el frustrado campo de golf han dado nuevos frutos y "salpicado" al de Labastida. La juez que instruye el caso del concejal de EA de la villa amurallada, que denunció cómo el empresario riojano Gregorio O. trató de comprar su voto a favor de la construcción de 320 viviendas junto al "green", en lugar de las 120 previstas, ha encausado a otras dos personas por la comisión de un supuesto delito de cohecho -intento de soborno a un cargo público-. Se trataría de dos empresarios relacionados con el sector vitivinícola, uno afincado en Logroño y el otro en la Rioja Alavesa.

Las novedades no acaban ahí. Las diligencias abiertas a raíz de la denuncia del edil han derivado en dos nuevas líneas de investigación impulsadas por la Fiscalía. Y es que el Ministerio Público ve indicios de irregularidades tanto en la planificación del proyecto de Laguardia como en el de Labastida. En ambos casos, relacionadas con el uso de información privilegiada en diversas operaciones de compra y venta de terrenos.

No existen ni personas imputadas ni denuncias interpuestas ya que la investigación todavía está en una fase "embrionaria", según fuentes de la Fiscalía, que ha decidido actuar de oficio. Aún no ha llamado a testificar a ninguna persona, aunque no se descarta que lo haga en las próximas semanas

Las pesquisas en Laguardia están más avanzadas. Ya han prestado declaración varias personas, en calidad de testigos. Al parecer, ninguno ocupa un cargo político. En el sumario, cuyo secreto se levantó la noche del miércoles, se detalla cómo el edil de EA, Gregorio López, denunció que Gregorio O. le ofreció "90.000 euros" para que apoyara la propuesta del Partido Popular de ampliar las viviendas proyectadas. Su voto era decisivo ya que rompía el empate entre el PNV y el PP, cada uno con cuatro concejales.

El denunciante asegura que la primera propuesta de soborno llegó en septiembre, pero la detención del empresario no se produjo hasta principios de diciembre. La Ertzaintza, que estaba al tanto de lo sucedido, tendió una trampa al imputado para grabarle en la bodega del concejal mientras le hacía el ofrecimiento. Destapado el caso, el empresario ingresó en la prisión de Nanclares, donde permaneció de forma preventiva hasta que diez días después fue puesto en libertad sin fianza. Cada semana debe acudir al juzgado.

La declaración de Gregorio O. ha derivado en la imputación de otras dos personas a quienes acusa de ser los cerebros de la trama. Los empresarios lo negaron de forma tajante cuando fueron llamados a declarar por la juez en calidad de imputados, una figura que les posibilita testificar con abogado.

Con el levantamiento del secreto de sumario, se abre un periodo procesal para que las defensas, el fiscal y la acusación particular puedan estudiar las conclusiones de la magistrada. Dentro de varias semanas, se llevará a cabo el acto de acusación que derivará, en su caso, en la apertura de juicio oral con jurado popular al tratarse de un presunto delito de cohecho.

La alcaldesa de Laguardia, la peneuvista María Jesús Amelibia, anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular "para darle mayor respaldo al procesamiento". La decisión fue ratificada por un decreto de Alcaldía, consensuado por los tres grupos de la Corporación. Amelibia aprovechó la oportunidad para señalar que la decisión del edil de EA es "un acto de valentía que le agradecemos y destacamos".