Noticias Ya.com

Las Juntas de Vizcaya acordaron ayer exigir a Osakidetza que realice revisiones ginecológicas periódicas y completas a las mujeres de todos los municipios de la provincia. La proposición, que recabó el apoyo de todos los grupos de la oposición, perseguía dar voz a las asociaciones de mujeres de la Margen Izquierda y Zona Minera, que desde hace cinco años reclaman al Servicio Vasco de Salud una asistencia preventiva en el marco de la campaña "Las mujeres tenemos saludables razones para protestar".

Ayer, representantes de estos colectivos se mostraron «satisfechas» por la aprobación de la propuesta, porque sirva para «dar un paso más en la consecución de este derecho que las mujeres han perdido dentro de la Sanidad pública». Las asistentes temen, sin embargo, que lo acordado ayer quede en un «brindis al sol», ya que el PNV, grupo al frente del Departamento vasco de Sanidad, se abstuvo en la votación.

Los partidos de la oposición recordaron que «la cada vez mayor conciencia de las mujeres sobre la importancia de la prevención, el uso de anticonceptivos, la preocupación por el cáncer de cervis y todas las recomendaciones de los organismos internacionales sobre las revisiones periódicas han supuesto una mayor demanda en la Sanidad Pública que no ha obtenido por parte de Osakidetza los recursos humanos y materiales necesarios».

Además, señalaron que la supresión de las revisiones ginecológicas preventivas por parte de Osakidetza, ha generado «malestar» en aquellas zonas donde el recorte de prestaciones ha sido más drástico. «No puede ser que en Galdakao tengas acceso a unos servicios sanitarios y en Barakaldo no. ¿Qué hay que hacer? ¿Empadronarse en otro municipio?», apuntó Nerea Llanos (PP).

Desde el PNV, Jon Larrea defendió que «el "café para todos" no tiene ningún sentido porque ese tipo de políticas preventivas se han demostrado ineficaces. Ojalá con una revisión anual pudieran evitarse las enfermedades, pero las diferentes patologías requieren protocolos de actuación adecuados a cada una».

La portavoz de la coordinadora de mujeres, Maite Quintana, criticó que «con esta política nos obligan a recurrir a la sanidad privada». La plataforma estudia dar el siguiente paso en el Parlamento. Hasta entonces realizarán movilizaciones ante los ambulatorios y una manifestación del 28 de mayo.