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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que el decreto foral que rige las tarifas de peaje de la A-8 y la A-P1 en Gipuzkoa desde el 1 de enero de 2007 es "disconforme a derecho" y anula su primer artículo. En su argumentación, la sala de lo contencioso administrativo reconoce que el redondeo al alza aplicado en la subida de tarifas de peaje en 2007 "es injustificado".

Con esta sentencia, sobre la que cabe recurso en el Supremo, el TSJPV da la razón a la denuncia interpuesta por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en febrero de 2007, en contra del decreto de la Diputación de Gipuzkoa de diciembre de 2006, que entendía que "aplicaba en las tarifas un redondeo al alza no justificado" ni previsto en la norma foral que rige la subida de precios en las autopistas de titularidad pública. AEA denunció entonces que en 2007 las tarifas habían sufrido subidas del 7,42 por ciento en lugar del 3,42 por ciento autorizado por la norma foral reguladora del canon de las autopistas.

La sala de lo contencioso admite este recurso y argumenta que que la "administración titular de las autopistas no está habilitada para fijar libremente y sin condicionamiento normativo alguno tales tarifas". Además, añade que "el redondeo al alza" establecido en este decreto responde "a unas simples ventajas de cajas" y no a los criterios marcados por la norma foral para actualizar tarifas, relacionados con "la distancia recorrida, la naturaleza del servicio y su duración, el deterioro de la infraestructura, la situación del mercado y el coste de comercialización". En su lugar, los gestores de la autopista argumentaron el redondeo "con el fin de facilitar la gestión del cobro del canon en metálico".

El TSJPV cree que el ente foral "revaloriza las tarifas" más allá de la mecánica "prevista en la norma foral" que fija una actualización automática del 95 por ciento de la variación interanual del IPC.

A pesar de la sentencia, que no es firme, los miles de automovilistas que a diario pagan los peajes tendrán que seguir haciéndolo. La Diputación estudia el fallo y prevé recurrirlo en el Supremo.

Por su parte, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, mostró ayer su "satisfacción" tras conocer la sentencia, que "restablece el derecho de los ciudadanos como consumidores a que no se les cobre un precio arbitrario" de la autopista. "Nosotros ya denunciamos que desde que la autopista pasó de manos de Europistas a Bidegi se estaba aplicando un redondeo al alza, en perjuicio de los consumidores y cifrábamos que entre 2005 y 2006 se había cobrado cinco millones de euros de más".

La organización que preside solicitará una entrevista con el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, "para evitar más litigiosidad en algo que es muy claro y en beneficio del ciudadano". En ella pedirá que se "congelen las tarifas de 2008 y que la recaudación de 2007 se destine a una entidad de ayuda en la carretera como DYA", sin perjuicio de que los usuarios que crean conveniente reclamen a título personal la devolución del dinero. "Se podría reclamar la devolución íntegra porque la sentencia declara nulo el decreto foral", añade.

Además, recordó que el TSJPV no ha declarado nulos otros artículos del decreto, como los descuentos o el que deroga las tarifas de 2006. "Con lo cual, en estos momentos no habría tarifas vigentes", afirma.

Aunque no es similar, existe un precedente muy parecido en Vizcaya. Allí, tras una denuncia del PP, el TSJPV anuló en 2006 la norma que regulaba las tarifas de la A-8, por que "se extralimitan" al ser utilizadas para financiar un "ambicioso plan de infraestructuras". La sentencia está pendiente de aplicación al estar recurrida en el Supremo.