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El alcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino, ha querido cerrar el debate sobre la rehabilitación de la residencia municipal. El mandatario local se ha reafirmado en la necesidad de acometer la obra de una sola vez tras tachar de "inviable" la propuesta de PNV y PP de hacerlo en cuatro fases. A su juicio, esta opción "incumpliría las condiciones mínimas" para los usuarios. De hecho, ha mostrado su determinación al anunciar que el Pleno del día 26 abordará la autorización para trasladar a los 58 residentes a otro centro antes del verano y durante los 16 meses de trabajos que arrancarán a continuación.

A su juicio, la mejor solución es vaciar por completo el edificio antes de rehabilitarlo. Tras 117 de funcionamiento ininterrumpido, el asilo se encuentra "en pésimas condiciones". Según ha enumerado, no cumple "ninguna normativa de seguridad, movilidad, accesibilidad, calidad asistencial o evacuación".

En otros municipios, la reforma se ha acometido manteniendo a los ancianos dentro, pero Marcos Merino ha subrayado que en Sestao las condiciones son "totalmente diferentes". "En Getxo o en Basauri redujeron los usuarios de los centros al menos a la mitad antes de iniciar las obras, pero hoy nuestra residencia está al completo y no habría espacio libre para reubicarles, a no ser que los hacinemos o habilitemos barracones que irían en contra de cualquier normativa sanitaria", ha explicado.

El traslado de los residentes, sin embargo, "garantizará todos sus derechos y mejorará la calidad de vida que tienen ahora en un inmueble con tantas deficiencias". Por un lado, el equipo de gobierno se ha comprometido a que todas las personas sean trasladadas a un mismo centro. "Sacaremos a concurso público la adjudicación de una residencia temporal en la zona, que deberá garantizarnos una planta para que estén todos juntos", ha asegurado. El contrato, que podría costar a las arcas municipales 1,8 millones de euros al año, incluirá el compromiso de mantener a la mayoría de los actuales cuidadores del centro.

"De sentido común"

Marcos Merino ha subrayado que la actuación no conllevará ningún aumento de cuotas a internos o familiares, "ni durante el traslado ni a su vuelta a la residencia, que seguirá siendo municipal".

El socio del PSE en el equipo de gobierno es de la misma opinión. El portavoz de EB, Félix Gonzalo, ha apelado al "sentido común" al apostar por el desalojo para acometer la reforma. "No entiendo que alguien diga que su padre estará mejor soportando las molestias de las obras cuatro años o más", ha criticado. El edil, que también formó gobierno en la anterior legislatura, ha matizado que entonces no se planteó el proyecto en una fase "porque no había dinero -el presupuesto es de cinco millones, de los que la Diputación pone cuatro y el Gobierno central 400.000 euros-, ni un lugar para realojar a los usuarios".