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El imputado en el intento de soborno de un concejal de EA de Laguardia, Gregorio O., disponía de 120.000 euros para comprar el voto decisivo del edil, con el propósito de que apoyase un proyecto de campo de golf que contemplaba la construcción de 320 viviendas junto al "green". Según se recoge en el sumario del caso, este agente inmobiliario afincado en La Rioja también declaró ante la juez que el encargo se consumó el "12 de septiembre en un despacho de Logroño". Aseguró además que sólo actuó en calidad de "intermediario".

Gregorio O., sorprendido por la Ertzaintza cuando intentaba consumar el soborno, acusó directamente a dos personas vinculadas con el sector vinícola como presuntos cerebros de la trama. Una, afincada en la localidad riojana de Alberite (Mario B.), y la otra, en Laguardia (Jesús María C.). Ambos negaron haber participado en en los hechos, aunque sí admitieron que le conocían. Pese a ello, la juez les imputa a los tres un presunto delito de cohecho -intento de soborno a un cargo público-.

El objetivo de la operación pasaba por conseguir que el único concejal de EA en la villa amurallada apoyara una modificación del proyecto planteada por el PP, y que consistía en construir 320 viviendas junto al "green" en lugar de las 120 previstas. Su voto era vital al romper el empate a cuatro entre los populares y el PNV, que ocupa la Alcaldía, gracias, precisamente, al respaldo de Eusko Alkartasuna.

El presunto intento de soborno saltó a la luz pública a principios de diciembre cuando la Ertzaintza pilló "in fraganti" a Gregorio O. ofreciendo "90.000 euros" durante una reunión mantenida en la bodega del edil, y que fue grabada en vídeo por los agentes. No obstante, en un encuentro anterior, la propuesta fue de 60.000 euros.

"Un trabajito"

La trama se gestó el 12 de septiembre en la capital riojana, en el despacho de Mario B. Ese día, y siempre según la versión de Gregorio O., el empresario le aseguró que disponía de 120.000 euros para hacer un "trabajito" en Laguardia. A partir de entonces, se produjeron dos contactos con el edil. El primero, sólo unos días después, y el segundo, cuando fue "cazado" por la Policía, y que terminó con Gregorio O. en la cárcel de Nanclares, donde permaneció diez días.

Con el levantamiento del secreto de sumario, se inicia una fase procesal para que la Fiscalía, la defensa de los tres imputados y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Laguardia, presenten sus acusaciones o alegaciones. Salvo sorpresa, a los tres sólo se les imputará un presunto delito de cohecho.

Si las diligencias concluyen en la apertura de juicio oral, éste se celebrará ante un jurado popular. La pena máxima a la que se enfrentan es de dos años, de modo que si carecen de antecedentes penales podrían eludir la cárcel si son declarados culpables. De ahí que Gregorio O. quedase en libertad sin fianza -debe personarse todas las semanas ante la juez-.

La instrucción del caso ha "salpicado" al proyecto de Labastida, donde se pretende construir 750 casas junto al golf. La Fiscalía ha abierto una investigación -ha he-cho lo propio en Laguardia- por la presunta utilización de información privilegiada en la compra-venta de terrenos. No obstante, no hay denuncias ni imputados, ni ninguna persona ha sido llamada a declarar.