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Las personas acosadas o perseguidas por ETA tendrán el apoyo de la Administración para rehacer su vida lejos del País Vasco o Navarra. La nueva Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que prepara el Ministerio del Interior incluirá ayudas para que estas «víctimas vivas» puedan conseguir, con mayor facilitad, una nueva vivienda o un nuevo trabajo.

El borrador con el que trabaja la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo no hablará de un "estatuto del perseguido" como tal y no recogerá «indemnizaciones directas» a estos damnificados. Sin embargo, sí incluirá, tal y como pidió hace dos semanas el Parlamento, el reconocimiento «moral» y «político» a las personas acosadas por ETA,

Las únicas ayudas, explicaron responsables del departamento, serán «discriminaciones positivas» para el caso de que los amenazados decidan abandonar sus lugares de residencia habitual. Interior quiere que puedan optar, junto a las víctimas directas del terrorismo, a los cupos en las viviendas protegidas o a traslados laborales si son funcionarios de la Administración pública.

El Gobierno ha «descartado por completo» que estas personas puedan acceder a indemnizaciones, ya que esta posibilidad no tiene «amparo jurídico». «Para que existan efectos indemnizatorios tienen que darse dos condiciones: que haya un hecho concreto delictivo (un atentado) y que se hayan producido daños físicos, materiales o psicológicos cuantificables. Y esto no ocurre con los perseguidos», explicaron altos responsables del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

En cualquier caso, las «medidas de apoyo» a este colectivo aún no están cerradas. El director de la oficina de víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes, ya ha anunciado a los colectivos de damnificados que tendrán voz en el diseño del futuro texto, incluida la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo, con la queel Gobierno mantuvo fuertes desencuentros en la pasada legislatura y que ahora parecen haber amainado.

El Ejecutivo también tratará de pactar con todos los grupos del Parlamento este texto antes de que llegue a la Cámara, para que pueda ser aprobado en lectura única.

En esas reuniones se acordará la forma en que se hará el «reconocimiento político» a los perseguidos. Los responsables de Interior pretenden que este homenaje legislativo se haga en la exposición de motivos del texto, aunque está abierto a otras sugerencias dentro del articulado.

El proyecto de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo incluye nuevos derechos a los damnificados durante el proceso penal en el que se enjuicien sus casos. Se garantizará por ley que los afectados no vuelvan ser «víctimas por segunda vez» durante los juicios. Así, a partir de la aprobación de la nueva normativa las personas atacadas en un acto terrorista no volverán a compartir espacio con los familiares de los autores de la acción.

El Gobierno quiere también reducir al mínimo la presencia física de las víctimas en los juicios para evitar sufrimientos extras, tal y como han solicitado de manera reiterada los colectivos afectados.

Además, la ley integral incluirá la obligación de los tribunales de informar de manera regular a los damnificados sobre los estados de los sumarios y procesos. El borrador insistirá en varios de sus nuevos artículos en terminar con la discreción de los jueces a la hora de determinar las indemnizaciones. Por primera vez, se fijarán los mínimos y máximos, ya actualizados, que percibirán los afectados para evitar los agravios comparativos entre víctimas.

La ventanilla única, en la que se centralizarán todas las gestiones con el objetivo de evitar burocracias innecesarias, será otro de los ejes del futuro texto, en el que el Ministerio del Interior quiere refundir la dispersa legislación que atañe a las víctimas. En la actualidad, sólo la normativa básica estatal suma seis leyes, siete reales decretos y tres órdenes internas.